Duro golpe

La captura de Orellana y la lucha nacional contra el crimen organizado

La captura de Rodolfo Orellana en Colombia es un golpe al crimen organizado y a la impunidad que debe ser reconocido como tal y celebrado. El prófugo más importante del país, acusado de dirigir un grupo que penetró el Estado con alevosía y audacia, fue detenido en una operación conjunta de las policías y fiscalías de Colombia y el Perú. Con su detención, se cierra un capítulo del caso, el de la búsqueda, y se abre otro, el del juzgamiento.

En la caída de Orellana no puede pasarse por alto la cooperación binacional a la que se ha referido el presidente Juan Manuel Santos y el director de la policía colombiana Rodolfo Palomino. Remarcarlo es conveniente por razones ineludibles: 1) por un justo reconocimiento a la policía peruana que a pesar de las dificultades está entregando resultados en este caso, con las detenciones, además de Orellana, de su hermana Ludith y hace poco de Benedicto Jiménez; y 2) porque es preciso atajar versiones que sin fundamento, y a pesar de las expresiones oficiales colombianas, insisten en restarle mérito a las autoridades peruanas solo por razones de coyuntura política, dejando un mal precedente en la lucha nacional contra el crimen organizado que demanda consenso y generosidad.

Más allá de ello, la captura de Orellana, la de su hermana y la de su socio principal permiten hacer más expeditivo el proceso de juzgamiento, que se hubiera complicado si Orellana viajaba a Suecia. Esta etapa será crucial para desentrañar el modus operandi del grupo criminal, estimar su extensión, identificar a sus víctimas,  juzgar a sus cómplices y conocer al detalle el grado de infiltración en las instituciones del Estado y de la sociedad; es decir, el Congreso, los partidos políticos, la justicia, la fiscalía, los registros públicos, los medios, los gobiernos regionales y los municipios. Será un libro abierto para conocer el delito y evitar nuevos casos.

En el proceso, tan importante como precisar los delitos del grupo que Orellana encabeza es precisar la complicidad que logró en el Estado y la identidad de sus cómplices a ese nivel. La trascendencia de este objetivo se debe a la sospecha de que altas autoridades del Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial serían parte del entramado. La prensa ha documentado la relación de Orellana con parlamentarios, con el Fiscal de la Nación y con su antecesor, y con presidentes de cortes superiores de justicia, al extremo de que es lícito proponer que den un paso al costado durante el juzgamiento los altos funcionarios sobre los que recaen sospechas e impedir así presiones y arreglos.

En el balance de esta etapa no puede dejar de reconocerse el papel de un grupo de periodistas que investigaron al grupo de Orellana cuando desplegaba todo su poder y que por ello fueron desprestigiados y denunciados, el papel ejemplar de la procuradora Julia Príncipe y de la procuraduría a su cargo, el solitario coraje del congresista Víctor Andrés García Belaunde.
En este nuevo momento, toca demandar a la justicia que actúe con celeridad y probidad y que evite dilaciones que conduzcan al olvido y la impunidad. Con este propósito debe garantizarse la autonomía de los jueces, fiscales y procuradores y establecer como corresponde una vigilancia social sobre un caso que debe ser resuelto como una lección del estado de derecho contra el crimen organizado.