La condena contra el periodista Fernando Valencia, demandado por Alan García por supuesta difamación, implica una amenaza contra el periodismo, y en particular contra el periodismo de opinión. El juicio entablado por García es producto de la intolerancia y el irrespeto al periodismo que caracterizan a muchos políticos que se dicen demócratas.
Valencia era director de Diario 16 cuando este se hizo eco de unas declaraciones del presidente Ollanta Humala, quien criticó que en muchos gobiernos anteriores se hubieran dejado obras inconclusas y opinó que los ladrones deben ir a la cárcel. García se sintió aludido y recurrió a la justicia, donde el Apra ha instalado un amenazante feudo.
El político aprista reaccionó igual que Carlos Menem, quien, cuando ejerció la presidencia de la República Argentina, abrió juicio contra cientos de periodistas que lo acusaban no solo por la implantación autoritaria del neoliberalismo, con acento vendepatria, sino además por enriquecimiento ilícito y ostentoso.
El juez que ha condenado a Valencia a un año y ocho meses de prisión suspendida y al pago a García de cien mil soles ignora, sin duda, las condiciones económicas en que se desempeña la prensa no concentrada; pero desconoce también los nuevos criterios jurídicos sobre el periodismo de opinión y sobre la difamación.
Lo curioso es que la derecha peruana, de la que el aprismo forma parte, es especialista en difamación y calumnia, aderezados con insultos y grosería. Personajes de la televisión cercanos a García son los que más incurren en esas aberraciones. Son seguidores de las prácticas que la prensa chicha y la fujimorista Laura Bozzo inauguraron.
Aparte del proceso contra Valencia, periodistas de diversos ángulos de opinión han expresado preocupación por el caso Rafo León, quien ha sido enjuiciado por Martha Meier por el supuesto delito de difamación. El “crimen” de León es haber manifestado, con su típico cultivo de la prosa satírica, discrepancias respecto a opiniones de la señorita Meier.
Los procesos contra dos periodistas han llevado a la Asociación Nacional de Periodistas a declarar que en el Perú existe una sistemática persecución judicial contra el periodismo de opinión, que a menudo es asimismo –en días en que ya no existen géneros periodísticos químicamente puros– periodismo de información.
Cada vez parecen más lejanos los días en que el descollante periodista puneño Federico More reclamaba y cultivaba “la honesta y libre discrepancia”. Ahora se ha abierto un contencioso entre periodismo de opinión y la santa inquisición del poder.
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