El Decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celi, señaló que durante el gobierno fujimorista se ofrecía a los médicos hasta 100 soles por cada mujer esterilizada e indicó que por parte de Fuerza Popular no ha habido una real autocrítica.
“Yo tuve un acercamiento fortuito cuando ejercía la ginecología y obstetricia en el año 1997 y me enteré que se hacían ofertas a los colegas. Éramos tentados a través de un bono económico para poder desplazarnos a diferentes lugares alejados de Trujillo para poder practicar, en las llamadas ferias que habían, este tipo de intervenciones rápidas para poder ligar las trompas a las mujeres”, señaló en una entrevista para el diario La República.
En ese sentido, comentó que el bono económico era de 100 soles por cada paciente (mujer esterilizada) y que incluso se regateaba los precios.
También señaló que mientras no haya justicia la herida estará abierta. “Es hora de que los gobiernos y los políticos cumplan con su palabra cuando fueron candidatos, de que van a hacer justicia en el tema de las esterilizaciones forzadas”, indicó.
El Decano del Colegio Médico del Perú sostuvo que duda que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori se castigue a los responsables de las esterilizaciones. “Este posible nuevo gobierno tiene algunas personalidades que tienen que ver con este tema y no ha habido un proceso autocritico que es básico para el perdón”, manifestó.
“Ante tanta presión, la posición del partido Fuerza Popular ha ido cambiando en el tiempo y ahora sí aceptan que ha habido un error y promete que hará justicia pero lo inclina al lado de la indemnización”, agregó.
Asimismo, señaló que en su institución creen que tiene que haber justicia, reconociendo que ha habido lesiones de lesa humanidad, también tiene que haber un registro de los afectados y, finalmente, tiene que pedirse perdón a mujeres esterilizadas.
Finalmente, comentó que Yong Motta y Alejandro Aguinaga fueron los que en su momento tuvieron la conducción del Ministerio de Salud, por lo que hay una responsabilidad administrativa y eso se tiene que investigar la Fiscalía y el Poder Judicial. “En la medida que haya culpables tendrán que ser sancionados”, expresó.
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