A pocas horas del cambio de mando, el fujimorismo decidió jugar por enésima vez la carta del indulto para el condenado exdictador. Cuando le faltan todavía 16 años para que cumpla su sentencia por los graves crímenes que cometió, decidieron en el último momento, sacar de la chistera uno de sus más caros anhelos.
Como ya lo hemos visto antes, una corte mediática sale de inmediato a la escena, con los argumentos de costumbre. Con tono lastimero, aunque ahora nos ahorraron la sacada de lengua, proclaman que el indulto es la medida perfecta para tender puentes con el nuevo gobierno. De paso, sugieren que el desabrido periodo de Ollanta Humala se cubriría de gloria si se anima a concederlo.
Felizmente que la respuesta de ambos presidentes, el saliente y el entrante, coincidió. No podía ser de otra manera, pues ya el Tribunal Constitucional aclaró en su momento que la gracia no alcanza a los delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, el pedido presentado en puntas de pie el viernes pasado, tras negar durante toda la campaña tal opción, presenta todos los visos de un doble chantaje. Sobre el desconcertado Humala, que ya lo negara tres años antes, aparecía como un salvavidas que podría perdonarlo de las correspondientes investigaciones parlamentarias de fin de temporada.
Para PPK, significaría, en el esquema fujimorista, un dudoso puente de plata. Algo así como que si indultas al capo, le damos la confianza al gabinete. Por lo menos, no fastidiarían hasta nuevo aviso.
Las presiones saltaron por todos lados. El tiempo resultaba muy corto, pero queda claro que el mar de fondo hizo funcionar de inmediato a la mesa de partes del Ministerio de Justicia. Mientras a los habituales publicistas de la reconciliación con impunidad, se les quebraba la voz demandando la “unidad nacional” con el delito, quedaba claro que las alternativas resultaban inviables.
Todo el país ve cómo en su prisión dorada, el jefe del clan recibe el mejor de los tratos. También que la “enfermedad terminal” no existe. No hay tal problema humanitario. Más bien el reto es para una sociedad como la peruana, donde por primera vez un dictador es juzgado y sentenciado con plena garantía de sus derechos, en juicio público, abierto y verificado por la opinión nacional e internacional.
Curar las graves lesiones que deja en la sociedad un golpe de Estado, requiere que el delincuente purgue su pena. Si el coro de los lamentos logra su propósito, al día siguiente se burlarán de todo el país, pues quedará constancia que los poderosos, una vez más, burlan el castigo. Lo probable es que inmediatamente vuelva a Japón, a gozar de su fortuna y lanzar el puñete de Kenji.
Que el fujimorismo no cambia, lo confirma Luz Salgado, quien en frase sicoanalítica nos consuela diciendo que “no habrá otro 5 de abril”, cuando el país espera que alguna vez condenen el asalto al poder, que los convirtió en la dictadura más corrupta de la historia del Perú.
No hay comentarios:
Publicar un comentario