El caso Penta

Gustavo Mohme Llona

Escándalo y reforma electoral en Chile.

La política chilena es sacudida por dos sucesos concurrentes, el primero el caso Penta, de financiamiento irregular de la política, destapado hace 6 meses, y el inicio de la reforma política prometida por la Presidenta Michelle Bachelet en su campaña electoral.

Los hallazgos del caso Penta son un baldazo de agua helada a la sociedad chilena convencida de la probidad de la clase política, una cualidad que se entendía propia de un país ubicado entre los menos corruptos de la región en las listas de Transparencia Internacional. 

Destapado inicialmente como una red de defraudación tributaria desde el grupo Penta, cuyo eje es el banco del mismo nombre, que consistía en la declaración de montos a tributar menores al valor real de las utilidades, el caso derivó rápidamente en el uso fraudulento de boletas por honorarios profesionales consignando centenares de millones de pesos, entre cuyos beneficiarios se encuentran varios políticos, algunos de ellos parlamentarios en ejercicio de la agrupación derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), fundada durante el régimen pinochetista por partidarios de ese gobierno y que también fue parte del reciente gobierno de Sebastián Piñera.

La UDI rechazó las denuncias pero luego pidió disculpas aduciendo errores de algunos de sus militantes. En el Congreso, sin embargo, no avanza el proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos y se traban los pedidos de investigación de este escándalo. En cualquier caso, la política ha sido tocada por el financiamiento de grandes corporaciones aprovechando una legislación permisiva. Los correos y grabaciones relativas al caso que la prensa ha difundido, que revelan una trama de intercambio de favores donde lo que sobra es el voto de los ciudadanos por los programas de gobierno, serán encarados en el mediano plazo por una legislación más restrictiva, eliminando el actual sistema que permite que el 90% de los aportes queden en secreto.

Paralelamente, una parte de esta reforma ha empezado. En los mismos días en que se informaba sobre las imputaciones legales sobre el caso Penta, el Senado chileno aprobada el cambio del sistema electoral binominal herencia de la dictadura de Pinochet, que forzaba el juego político en dos grandes coaliciones, por un sistema proporcional y  representativo.

Esta reforma es histórica; fue una de las exigencias de los grupos opositores al gobierno militar, a pesar de lo cual no pudo ser cambiado en 25 años por cinco gobiernos democráticos. El nuevo sistema, que deberá ser votado en breve por la Cámara de Diputados, permitirá un juego político con más actores y mejor representación debido a otros cambios que también introduce, como la modificación de los distritos electorales, el incremento del número de senadores y diputados, y no menos del 40% de mujeres en las listas parlamentarias. Antes, Chile había aprobado otro cambio electoral importante, las elecciones internas obligatorias en las alianzas electorales.

Lo sucedido en el vecino país difiere de lo que acontece en el Perú, a pesar de que en nuestro caso, los problemas de financiamiento ilegal son mayores y que los partidos políticos se encuentran en una delicada situación. A pesar de ello, la reforma política sigue siendo bloqueada en el Congreso.