Cambios en el Ministerio Público
El Fiscal de la Nación en funciones, Pablo Sánchez Velarde, ha empezado a realizar cambios en el Ministerio Público con el propósito de sacar a esa institución de la grave situación de desprestigio y déficit de confianza ciudadana por la que atraviesa en los últimos años. Las decisiones que adopta empiezan también a ser contestadas por los sectores precisamente objeto de las reformas emprendidas.
Se entiende que uno de sus críticos sea el suspendido Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, uno de los responsables, junto con su antecesor José Peláez Bardales, de la crisis más grave de esa institución desde la época de Blanca Nélida Colán, durante el fujimorismo. Ramos Heredia afirma que dejó la fiscalía en un buen estado y que es el actual fiscal el causante de la crisis. Es obvio que la opinión pública piensa distinto y que la verdad es otra.
Al iniciar sus funciones, el Fiscal en funciones ordenó una auditoría que desentrañe los manejos denunciados en los últimos años que incluso involucró al gerente general de esa institución en la concesión de obras de infraestructura. Cambió a varios asesores y directivos y removió a los fiscales Gustavo Quiroz, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción; y Edgar Rebaza, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, magistrados que se reunieron con el ministro de Justicia, Daniel Figallo, para tratar el asunto de “La Centralita”, excediendo sus competencias. En las últimas semanas se ha apartado del cargo al responsable de la Escuela del Ministerio Público, denunciado el año pasado por manejar en estado de ebriedad. La suerte de otro fiscal que se reunió con Figallo, Marco Huamán, a cargo del Caso ‘La Centralita’, está por decidirse.
La resistencia al cambio en una institución que fue impactada por malas prácticas es real y se expresa, por ejemplo, en el juego de los rumores. El último de ellos señalaba que el Fiscal de la Nación se aprestaba a despedir a más de 200 magistrados cuando en realidad se trataba de la finalización de contratos que dependen de los recursos que debe suministrar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La corriente de reforma de la fiscalía debe ser defendida e impulsada. El Ministerio Público debe ser como en otras experiencias el centro catalizador de un movimiento nacional anticorrupción en atención a sus facultades como titular de la investigación y representante de la sociedad en la lucha contra el delito. Por esa consideración era grave su parálisis o la complicidad de varios magistrados con las redes corruptas destapadas el año pasado.
El Ministerio Público puede levantarse desde la situación descrita. Tiene para ello reservas morales que se han revelado en los últimos meses en varios casos conocidos por la opinión pública y de seguro en cientos de otros que permanecen en el anonimato. La pequeña ventana abierta con la asunción al cargo por Sánchez Velarde no puede cerrarse. Las instituciones públicas tienen la obligación de respaldar el curso iniciado para que se convierta en una tendencia irreversible y en tal medida colaborar en lo que les corresponde. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no debe dilatar sus decisiones en torno a los casos Ramos Heredia y Peláez Bardales, en tanto que el MEF debe esforzarse por atender las solicitudes de carácter presupuestario. Son incontables las reformas que fracasaron en el país por la falta de recursos.
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