Keiko Fujimori se ha visto obligada a desprenderse de Joaquín Ramírez, el millonario que le ha prestado locales, incluso el central, 80 vehículos y miles de soles para la campaña electoral. Joaquín Ramírez, el aludido, ha pedido licencia en su cargo de secretario general del partido –llamémosle así– Fuerza Popular.
Ramírez no pudo resistir el peso de la investigación de la DEA, dada a conocer por el notable periodista de investigación colombiano Gerardo Reyes, quien trabaja para Televisa. Carlos Castro de Cuarto Poder lo conectó con Jesús Francisco Vásquez, un piloto comercial peruano que reside en La Florida y que asegura que hace algún tiempo Keiko Fujimori le pidió “lavar” 15 millones de dólares.
La DEA sabe de esa denuncia con grabaciones y todo. Cuando su portavoz en Miami Anne Judith Lambert declaró que Keiko no estaba siendo investigada por esa agencia, pero guardó silencio sobre Ramírez, lo que significaba que este sí está siendo investigado.
De inmediato, la cúpula fujimorista inició una campaña basada en la supuesta inocencia de Keiko. Que no sea investigada por ahora no implica que sea inocente. Que Ramírez sea investigado implica que necesariamente el proceso abarcará a la candidata.
Hemos señalado en esta columna que, por disposición de la Patriot Act (Ley Patriota) dictada a raíz del acto terrorista contra las Torres gemelas de Nueva York, los organismos estatales estadounidenses están obligados a investigar dineros ilícitos y sus posibles vínculos con el terrorismo.
Es posible que la embajada de los Estados Unidos en el Perú haya informado a los dirigentes de Fuerza Popular de la gravedad del caso. Asimismo, se puede suponer que la resonancia de este haya bajado los bonos electorales de Keiko.
Solo así se explicaría que Keiko y su candidato a la primera vicepresidencia, José Chlimper -el que se declaró dispuesto a romper a balazos una huelga en el Callao y que es considerado dueño del agua en Ica-, se tragaran el sapo de una licencia para Ramírez, después de haber librado una guerra relámpago en defensa del indefendible.
El escándalo crecerá en los próximos días y sin duda se reflejará en el voto del 5 de junio. En el ínterin se publicó una encuesta de Idice que afirma que Keiko gana a PPK en intención de voto. Salva a ese estrafalario cómputo un hecho: se llevó a cabo entre el 12 y el 15 de mayo, cuando sonaba la defensa de Keiko y Chlimper, y Ramírez no había pedido su obligada licencia.
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