Uno de los temas pendientes en el juzgamiento de la dictadura fujimorista, tiene que ver con el narcotráfico. Pese a la escandalosa evidencia de que en la década autocrática, el Perú funcionó en muchos aspectos como un narcoestado, la justicia no logró superar trabas muy diversas, para sancionar con fuerza suficiente los graves delitos cometidos.
El narco más connotado de la época, Demetrio Chávez Peñaherrera, acabó torturado ante los ojos de la opinión pública. Alterado cruelmente su estado emocional, su juicio terminó por convertirse en una dramática demostración del poder omnímodo del fujimorismo, silenciando las acusaciones contra el valido del gobernante, Vladimiro Montesinos.
Montesinos, como resultó público y notorio tiempo después, cumplía las órdenes palaciegas en todos los actos criminales. Entre ellos, una bien montada red de tráfico de drogas, que involucró personal y equipos de las fuerzas armadas. Los testimonios de quienes vivieron directa o indirectamente tan ominosa experiencia, abundan. Muchos terminaron en extraños asesinatos, recogidos por las crónicas policiales de la época, aunque jamás investigados.
Transportaron toneladas de cocaína en helicópteros, aviones y barcos de las tres armas, que alcanzaron al propio avión presidencial. Hasta primeros ministros acompañaron tales viajes. La estrategia diseñada por el poder, recurría a la alianza con ciertas firmas, entre ellas la de alias Vaticano.
No extraña para nada que otra vez salten las acusaciones que involucran directamente a la cúpula de Fuerza Popular. La denuncia de Univisión y Cuarto Poder, así como las consiguientes investigaciones adelantadas por prestigiosos equipos de investigación periodística, revelan datos claves. Sobre todo, porque han terminado por sacar a luz las siempre discretas, o más bien secretas, investigaciones de la DEA.
La declaración del propio cuartel general de la poderosa agencia, resulta lo suficientemente sutil, como para colegir que la denuncia tocó un punto muy sensible para el propio gobierno norteamericano.
Vale la pena recordar que en los noventa, bajo la cobertura del combate al terrorismo, Washington fue muy condescendiente con el autoritarismo. Solo en el tramo final, la Casa Blanca adoptó una posición firme, respaldando el retorno a la democracia.
La DEA señala que no investiga a la candidata, aunque no desmiente que analiza el testimonio entregado por uno de sus colaboradores. Tampoco incluye en su declaración a Joaquín Ramírez, protagonista clave del episodio.
Surgirán sin duda, nuevas evidencias en una investigación que toca directamente la esencia del fujimorismo: su complicidad abierta con las economías delictivas.
Acabamos de ver a la primera dama de la dictadura, firmar abiertamente pactos con los dirigentes de la multimillonaria y dañina minería ilegal, con los prontuariados de un sector de construcción civil o el senderismo “verde”. Ahora salgan a luz, otra vez, los vínculos con una oscura trama en la que durante años, han sido expertos encubriéndola.
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