Uso y abuso de la ‘choledad’ frente a situaciones difíciles.
No deja de ser interesante el uso de la choledad como defensa de Joaquín Ramírez ante la acusación por lavado de dinero pues, a pesar de que es un recurso cuyo uso puede ser efectivo, su abuso debilita la lucha indispensable contra el racismo evidente que hay en el Perú.
“Lo que pasa es que soy un cholo con plata y, para algunos, un cholo con plata solo puede ser narcotraficante o corrupto. A mí nadie me regaló nada. Soy un cholo emergente. Vengo veinte años trabajando. Mientras algunos se levantaban a las diez de la mañana, yo me levantaba a las seis, para trabajar. La diferencia es que yo no soy parte de la gentita limeña. Comencé como cobrador de micro a los diecinueve”, dijo Ramírez.
Por un lado, es una respuesta políticamente útil pues recurrir a la choledad para desarmar una acusación, en un país con un sólido racismo como el Perú, ayuda a generar simpatías para contrarrestar el ataque.
Ramírez no es el primero que lo hace. También, hace poco, César Acuña, pero quien ha usado –y abusado– de esta arma es Alejandro Toledo.
El racismo no solo existe en la política sino, también, en otros ámbitos como los negocios. Este columnista ha escuchado muchas veces a empresarios de Lima hablar, con desdén, sobre grupos económicos provincianos emergentes –Rodríguez Banda, Añaños, Acuña, Oviedo, etc.– y atribuyéndoles, con irresponsabilidad, y con frecuencia por el color de su piel, una vinculación con el narcotráfico, algo que nunca harían si el inversionista fuera blanquiñoso o de la capital.
Pero, de otro lado, el problema es cuando se abusa de la choledad como respuesta a cualquier crítica, pues ello daña a la lucha indesmayable que debe haber contra el racismo.
Ese podría ser el caso de Ramírez cuando dice que lo acusan solo porque “soy un cholo con plata”.
Porque, más allá de la denuncia en proceso que le han hecho recientemente –aún incompleta e insuficiente por no haberse presentado el supuesto audio que lo sustente–, Ramírez arrastra, desde hace por lo menos un par de años, acusaciones por lavado de dinero.
Esto hacía políticamente errado, por decir lo menos, que Keiko Fujimori lo mantuviera y blindara como secretario general de Fuerza Popular –la principal autoridad de su partido–, algo que al final corrigió anoche al aceptar su separación del cargo pero que debió haber hecho justo después de que, en el año 2014, se conocieran las primeras acusaciones, para evitar el costo político que ha sufrido. O, en el peor de los casos, el lunes pasado, como planteó ayer esta columna.
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