"Una faceta que no le conocíamos al señor PPK se reveló esta semana: festinador de trámites."
El señor Pedro Pablo Kuczynski sorprende siempre. Toca con solvencia la flauta traversa, ha hecho un patrimonio personal importante. Habla varios idiomas, ha sido funcionario de alto nivel en distintos gobiernos. Y ahora es presidente de la República.
Una faceta que no le conocíamos al señor Kuczynski se reveló esta semana: festinador de trámites.
Festinar es “apresurar un asunto”. Algún diccionario añade: “apresurar imprudentemente un asunto”.
La revelación vino junto con el escándalo del informe Monroy sobre la adjudicación de la obra Interocéanica Sur a las empresas Odebrecht y otras.
Kuczynski era presidente del consejo directivo de Pro Inversión que aprobó la concesión. Hoy se sabe que por esa adjudicación Odebrecht (por lo menos) pagó un millonario soborno al prófugo ex presidente Alejandro Toledo.
El 4 de agosto del 2005 a las 10 de la mañana el consejo de Pro Inversión conoció un oficio de la contraloría que indicaba que no se podía adjudicar a Odebrecht y otros, debido a que tenían juicios con el Estado. Las bases del concurso lo impedían.
Ese mismo día el consejo pidió un informe a un abogado externo, Juan Monroy Gálvez, sobre si procedía o no la observación. El informe, remitiendo a tecnicismos y temas formales, señaló que la observación no procedía.
Según Pro Inversión, el informe llegó a la 1:07 p.m. del mismo día que se pidió. El contrato de la adjudicación se firmó a la 1:45 p.m.
Monroy ha dicho que es imposible que su informe llegara ese mismo día. Pro Inversión ha hecho conocer un documento en defensa de esa fecha: una factura. Esta se emitió el 27 de agosto y se recibió ese mismo 27 en mesa de partes. El concepto de la factura, sin embargo, contiene la fecha del 4 de agosto.
Es extraño que uno ponga en el concepto la fecha en que se realiza un servicio. Propiamente, la fecha no es parte del servicio que se presta.
Todo parece indicar que se pidió ese concepto para tener un respaldo frente a los requisitos de ley. Si no se firmaba ese día 4, se caía la adjudicación.
Lo serio y responsable hubiera sido dejar que se caiga la adjudicación. Había presión por procurar inversiones y esta era una muy importante. Sin embargo, se trataba de un proyecto de 2.800 millones de dólares. Se exigía, ante todo, pulcritud en el proceso.
Ese proceso es todo, menos pulcro. Ahora sabemos que el presidente Toledo estuvo detrás de esa adjudicación. No solo lo confirma el testimonio de Jorge Barata, de Odebrecht, sino también los millones de dólares recibidos en cuentas de Josef Maiman.
Toledo no habría podido cometer el delito de tráfico de influencias si el consejo directivo de Pro Inversión hubiera actuado seriamente. Los miembros de ese consejo festinaron el trámite de la adjudicación, al margen de si Monroy miente o no sobre la fecha de entrega.
Uno hubiera imaginado que, a ese nivel de decisiones de Estado, las cosas se hacían de manera responsable, formal y escrupulosa. Ahora sabemos que no es así y que los funcionarios de alto nivel pueden ser tan informales y cundas como cualquier ambulante de la Abancay.
Los que firmaron el acta fueron Pedro Pablo Kuczynski, como ministro de Economía y Finanzas; Carlos Ferrero Costa, presidente del Consejo de Ministros; Glodomiro Sánchez Mejía, ministro de Energía y Minas; José Ortiz Rivera, ministro de Transportes y Comunicaciones; David Lemor Mezdoin, ministro de la Producción; Alfredo Ferrero Diez Canseco, ministro de Comercio Exterior y Turismo; René Cornejo Díaz, director de Pro Inversión.
Cada uno de ellos nos debe una explicación. ¿Por qué festinaron el trámite? ¿Por qué no pararon algo que se presentaba irregular? ¿Los presionó Toledo? ¿Creían que la contraloría exageraba? ¿Creyeron en los argumentos formales del informe?
El sorprendente señor Kuczynski es el que nos debe explicaciones más urgentes. Es presidente de la República. Debe darlas pronto, debe pedir disculpas al país y no debe dejar dudas de que no fue parte del delito.
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