Más que un sí o un no

La seguridad en los espectáculos deportivos

El anuncio sobre que la policía no brindará seguridad a los partidos de fútbol el año 2015 ha generado un intenso cruce de opiniones rotundas en las que predominan el rechazo o la aprobación, un escenario que no permitirá una salida en la medida en que no se pongan las cosas en el contexto legal y real, al mismo tiempo.

Los principales argumentos a favor del anuncio es que el fútbol como actividad privada debe pagar los costos de su seguridad, como lo hacen los espectáculos artísticos, y que no se puede distraer a la policía, cuyos efectivos deben dedicarse a combatir el delito. En contra del anuncio se emplazan las opiniones que sostienen que la misión constitucional de la policía es el orden público, que esta actividad no puede ser dejada en manos de privados, y que las instituciones que organizan los partidos de fútbol pagan sus impuestos y en esa medida tienen el derecho de recibir la protección desde el Estado.

Lo que ha ocurrido en el partido disputado por los equipos del Alianza Lima y el Sporting Cristal en el Estadio San Agustín de Arequipa ofrece un modelo real y no teórico del problema: 1) se destinaron 1,500 policías para la seguridad dentro y fuera del estadio; 2) una parte de ese contingente se encargó de vigilar a los barristas de ambos equipos a su llegada al estadio; 3) el partido fue calificado de alto riesgo, por los peligros dentro y fuera del estadio; 4) entre las funciones propias de la seguridad para garantizar el acto deportivo se realizaron labores de identificación de personas, detención de requisitoriados, detención de personas en flagrante delito y decomiso de objetos punzocortantes; y 5) otros 1,500 policías se destinaron a garantizar el orden público en los actos de cierre de campaña de los dos movimientos políticos que el domingo disputarán la segunda vuelta de las elecciones regionales. Los datos disponibles no permiten estimar cuántos efectivos policiales están destinados a la ciudad de Arequipa y el número de estos que se ocuparon de las otras labores policiales.

Es razonable considerar que el fútbol debe operar como lo que es, un espectáculo privado, y asumir una parte de los costos de su seguridad, sobre lo que desde los equipos de fútbol se revela que ellos pagan los refrigerios de la Policía, el traslado de la caballería y el combustible. Junto a ello sería equívoco señalar que el fútbol es solo un espectáculo privado, ignorando las actividades que a él concurren dentro y fuera de los estadios que obligan a que el Estado no renuncie a su poder de policía.

El asunto se complejiza cuando se incumplen disposiciones legales en dos ámbitos, la violación de la ley dentro de los estadios en las tribunas pobladas de supuestos hinchas que en actitud tumultuosa agreden a personas y se enfrentan a la policía sin consecuencias de interdicción, y fuera de ella la existencia de las llamadas “barras bravas”, la coartada de pandillas que en algunas oportunidades llegan a los estadios protegidos por la policía.

En este debate, lo más importante es la erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos y no más o menos policías en los estadios. El punto central es una estrategia desplegada por el Estado para pacificar el deporte. Ello no pasa ni por mantener el actual sistema en el que la policía es usada solo para contener el delito en el fútbol, ni abandonar a su suerte a los estadios. Se necesita más que un sí o un no.