El Perú sale mal parado en el reciente Índice de Percepción de la Corrupción preparado cada año por Transparencia Internacional (TI), el registro comparado más útil en la materia, pero viendo el asunto con una perspectiva local, es obvio que el resultado pudo ser peor.
Los tres países latinoamericanos percibidos como más corruptos son Venezuela, Paraguay y Nicaragua, los cuales aparecen en los puestos 161, 150 y 133, respectivamente, en una lista global de 175 naciones.
Justicia peruana en manos de ‘nuevas’ autoridades.
A diferencia, los países de la región percibidos como de mayor transparencia son Chile y Uruguay, empatados en el puesto 21.
Como referencia, a nivel mundial, los países mejor ubicados son Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, mientras que los peor posicionados –una especie de Sodoma y Gomorra del choreo público– son Somalia y Corea del Norte.
El Perú aparece en el puesto 85 a nivel mundial, habiendo logrado un puntaje de 38 en una escala en la que 100 es lo mejor en transparencia y cero es lo peor en corrupción.
Muchos factores contribuyen a la ubicación de cada país en el ranking, desde la tolerancia nacional a la corrupción, capacidad de denuncia de de los medios, la transparencia de las instituciones públicas, o la capacidad del sistema judicial de actuar con inteligencia y prontitud con el fin de evitar que reine la impunidad.
En este último aspecto, el Perú ofrece un cuadro deplorable, y qué mejor expresión de ello que el anuncio reciente de la exclusión de cuatro procesados por el caso de los ‘petroaudios’ debido a la prescripción de los delitos que se les atribuía, lo cual ha beneficiado, entre otros, a Alberto Químper (‘don Bieto’) y Fortunato Canaán.
Es obvio que el mayor ‘faenón’ no fueron los ‘petroaudios’ sino el operativo que inmediatamente puso en marcha el gobierno aprista para darle impunidad a los responsables.
Esto ocurre con frecuencia por un Poder Judicial lamentable que, con escasas y valiosas excepciones, constituye un centro de enjuague de los delitos de los poderosos.
Qué mejor expresión reciente de ello que el anuncio reciente del Poder Judicial de haber rechazado las querellas interpuestas por Rodolfo Orellana contra un grupo de periodistas –incluido este columnista–, algo que constituye un mérito institucional del Centro Liber, pero que tengo la sospecha de que hubiera sido imposible si el hoy ya detenido estafador siguiera libre y mangoneando a su gusto a la justicia peruana como lo hizo por tanto tiempo.
Es un asunto que ojalá les pudiera interesar a las ‘nuevas’ autoridades que ayer fueron elegidas para comandar nuestro tan desprestigiado Poder Judicial que con frecuencia parece el reino de la impunidad.
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