El expresidente Alan García es, hemos dicho, un hombre de palabra fácil y bolsillo acogedor. En el caso de los favores que otorgó a narcotraficantes exhibió a manos llenas (de dólares) ambas cualidades. Habló hasta por los codos sobre cómo estudió caso por caso para conmutar las penas, y cómo incluso había consultado a Dios antes de firmarlas. No era un chiste.
En cuanto al bolsillo, o más bien la billetera, propicia al cuánto hay, está claro que hubo pagos escondidos y que de eso sabe Miguel Facundo Chinguel, quien fuera presidente de la Comisión de Indultos nombrado por su compañero de partido Alan García.
Para defenderse, García no recurrió al diálogo con el Supremo Hacedor, sino a la Corte Suprema. Intentó ampararse en un caso judicial y un procedimiento también judicial, para afirmar que en su caso la Megacomisión que investiga casos de corrupción en su gobierno no cumplió con el debido proceso. Fue una artimaña que acaba de ser desvelada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
En una decisión adoptada por unanimidad en dicha Comisión se precisa que los procedimientos de una comisión investigadora del Congreso no son los mismos que los de un tribunal judicial. La Comisión del Congreso investiga denuncias, ubica responsabilidades, acumula pruebas, pero no dicta sentencia.
El exfiscal Supremo Avelino Guillén recuerda que el fiscal que examina el escándalo de los narcoindultos ha pedido 17 años de cárcel para Chinguel, pero observa, asimismo, que Chinguel se limitaba a armar los expedientes, mientras que García y su ministro de Justicia Aurelio Pastor se encargaban de evaluar los indultos o las conmutaciones de pena, y resolver con sus firmas.
Con un agravante esto último. Las penas dictadas por el Poder Judicial no pueden ser cambiadas por el Ejecutivo. De lo contrario tendríamos en el Perú un Poder Judicial paralelo, en abierta infracción constitucional y anulación de facto de la separación e independencia de poderes. Eso, aparte del pútrido proceso por el cual el Apra maneja el aparato judicial desde las palancas más altas hasta las más bajas.
Favorecer con gracias presidenciales a narcotraficantes es contrario a la ley y peligroso para la seguridad ciudadana. En México asistimos todos los días a episodios que demuestran hasta qué punto es peligrosa, es criminal, la alianza entre el poder político y el narcotráfico.
García sabe la gravedad de sus responsabilidades. Por eso acude a tinterilladas confusionistas. Sus maniobras son síntomas del miedo que invade a los culpables.
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