OPINIÓN | Jorge Yui: Esperando a Toledo. ¿Y la corrupción qué?

Por Jorge Yui

Conscientes de la expectativa e interés mediático que suscitó el abortado viaje de la ex primera dama Nadine Heredia a Europa, implicada también en una investigación de tráfico de influencias, el Poder Judi­cial, los especialistas de comunicación del Gobierno y hasta el mismo Pedro Pablo Kuczynski se han esmerado en dar con­tinuidad y alimentar el espectáculo de te­lerrealidad en el que se ha convertido el inminente retorno, de grado o fuerza, del expresidente Alejandro Toledo.

Si bien es cierto que es a la justicia pe­ruana a la que le corresponderá determi­nar la culpabilidad o inocencia de las graves acusaciones que le imputan, ante los ojos de la mayoría de peruanos al señor Toledo Manrique desde ya se le considera como la encarnación misma de los males endé­micos que han agobiado al Estado nacio­nal y a la sociedad desde su fundación: la corrupción y el abuso de poder por parte de nuestros líderes políticos.

Nos debe llamar a profunda reflexión que, por segunda vez en nuestra historia repu­blicana, y en un breve intervalo de tiempo, los ciudadanos y electores peruanos nos veamos confrontados con el humillante y doloroso sentimiento de ver un máximo representante de la nación sentado en el banquillo de los acusados. Añade injuria, al insulto, la alta traición cometida por el supuesto representante de los intereses nacionales, puesto que el abyecto tinglado tuvo como objetivo, sobre todo, beneficiar a un conglomerado de empresas extran­jeras y, detrás de ello, satisfacer los afanes geopolíticos de un país limítrofe y a su gobierno de turno, igualmente corrupto.

Es gravoso que el actual presidente y su primer ministro, así como otros acto­res de primer orden en esta gestión, ha­yan participado en el equipo de gobierno del imputado expresidente. Es necesa­rio, en aras de salvaguardar la credibili­dad y transparencia absoluta por parte del Ejecutivo, que cada funcionario pú­blico que se respete ponga a disposición de la justicia su renuncia al secreto ban­cario, a fin de liberarse de toda sospecha de enriquecimiento ilícito.

En esta hora crítica de nuestra historia, resulta moralmente intolerable que con­gresistas en funciones estén implicados en casos de corrupción. Todo representante legislativo salpicado por investigaciones de corrupción en curso legal debe ser, rápida­mente, evaluado por la Comisión de Éti­ca del Congreso, y suspendido sin goce de haber. No podemos, no debemos, llegar a nuestro bicentenario sin haber extirpado de nuestra cultura la corrupción.