La jueza Catalina Pérez Escalante, que rechazó el pedido del fiscal José Pérez Gómez para investigar a Keiko Fujimori y a su esposo bajo el marco de la Ley de Crimen Organizado, laboró en el pasado muy cerca de la exfiscal de la Nación Blanca Nélida Colán Maguiño, condenada por encubrir actos de corrupción del exasesor Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori.
JEFA “NARANJA”
La hoy magistrada Pérez culminó su carrera en Derecho en 1989, pero recién en abril de 1991 se recibió como abogada de la Universidad de San Martín de Porres.
Luego de unos años, ingresó a trabajar en el sector estatal y laboró en el Ministerio Público como Secretaria de Actas de la Comisión Ejecutiva de la Fiscalía, cuando la exfiscal de la Nación Colán Maguiño tenía el cargo de presidenta de la mencionada Comisión.
Como se recuerda, la exfiscal suprema fue condenada en el 2003 a 10 años de prisión por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito. El fallo contra Blanca Nélida Colán Maguiño se formuló luego de que el tribunal estableciera que la extitular del Ministerio Público no investigó a Montesinos por los supuestos cobros de cupos al narcotráfico y por el “vladivideo” en el que aparece junto a Alberto Kouri; además, fue acusada de recibir $10 mil mensuales del entonces Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
La magistrada Pérez Escalante también participó en el polémico proceso del caso “La Centralita”. Asimismo, en diciembre del 2016, rechazó la medida de prisión preventiva contra el expresidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, acusado de haber infringido las reglas de conductas dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema.A través del área de prensa del PJ, intentamos comunicarnos con Pérez Escalante; pero se nos dijo que la magistrada no declarará.
DESDE EL CONGRESO
Conocida la información propalada ayer por Correo, el oficialista Moisés Guía Pianto cuestionó los motivos por los que la Corte Suprema denegó el pedido del Ministerio Público para investigar a Keiko Fujimori bajo la ley de crimen organizado. “Las leyes deben ser igual para todos; algunos no deben tener privilegios”, comentó el parlamentario. El legislador también aseguró que hubo una presión política y social contra la institución. “Mucho valen las calles. Ha tenido presión no solo política, sino de las calles en el sentido de que exista una igualdad de condiciones en los juicios que se deben tener”, declaró.Una opinión distinta tuvo la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) Marisol Espinoza, quien indicó que los líderes políticos pueden ser sometidos a investigaciones y estas deben realizarse de acuerdo con el marco legal correspondiente.
“Los políticos tenemos que someternos a todo tipo de investigaciones, pero en el marco de un debido proceso y en el de la presunción de inocencia. No puedes calificar a nadie de crimen organizado cuando no se ha realizado una investigación”, señaló. Por ello, añadió que existen exageraciones en algunas de las tipificaciones hechas por la Fiscalía. “Se debe respetar el debido proceso y esperar las investigaciones para acusar a alguien”, recalcó.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla (Fuerza Popular), calificó como “barbaridad” el pedido realizado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez y saludó que la solicitud haya sido denegada por el Poder Judicial (PJ). “Ha sido inaudito, una barbaridad que se quiera que nos investiguen como crimen organizado por el hecho de realizar cócteles”, indicó. En ese sentido, Mantilla resaltó que el PJ le haya dado “la razón a Fuerza Popular”. Sin embargo, precisó que el fiscal tiene todo el derecho de apelar dicha decisión.
DEFENSA
El congresista Miguel Torres afirmó que le queda clarísimo que el objetivo es dañar la candidatura de Keiko Fujimori, “que es la más fuerte hacia el 2021”.
CIFRAS
10 años fue la condena que recibió Colán Maguiño.
2015 año en el que la jueza Pérez vio el caso “La Centralita”
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