El grado de intensificación del conflicto en el valle de Tambo está llegando al punto en el que el gobierno puede dictaminar el estado de emergencia. La violencia del Estado ha generado la muerte de dos agricultores y decenas de heridos. Simultáneamente, por obra de pequeños grupos violentistas, también hay decenas de policías heridos.
La pregunta es si el estado de emergencia va a resolver el problema de fondo, que no es otro sino la viabilidad del proyecto minero de Tía María, una iniciativa de la empresa Southern-Grupo México. En el caso del proyecto Conga, en Cajamarca, la decisión no solo fue errónea sino que causó muertes y sepultó el diálogo.
En el valle de Tambo, en la provincia de Islay, el estado de emergencia conseguirá seguramente una tregua obligada, pero la militarización de la zona no garantiza que el proyecto se vuelva viable, salvo que se esté pensando en tener militarizada toda la región durante toda su construcción.
Si se asumen las circunstancias con realismo, no queda más camino que suspender el proyecto. Se necesita más tiempo, para restañar heridas y abrir la posibilidad de negociación, sobre todo si se confirma que hay un expediente del Ministerio de Energía y Minas (N.° 2443500) de autorización para la planta de beneficio del proyecto que estaría solicitando un área de 4,000 hectáreas, cuando en el estudio de impacto ambiental se habla solo de 450 hectáreas. Si tal diferencia es real, el gobierno no puede darle luz verde a ese proyecto de construcción, que incluiría los depósitos y las plantas de chancado, mantenimiento y lixiviación.
Los sectores posextractivistas de la izquierda no pueden sentirse satisfechos con el “no a la minería”. Tambogrande tuvo un desenlace problemático: se ha plagado de minería ilegal. Y si se quiere beneficiar la agricultura en el valle de Tambo, urge que digan qué se propone. Por su parte, la empresa Souther-Grupo México ha desaparecido del escenario. No hizo bien su trabajo y le dejó la factura al gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario