Defensoría pide que funcionarios sean denunciados por “peculado doloso agravado”
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong, adelantó que investigará el millonario robo de parte de gestores y cajeros del programa social Juntos difundida el último domingo en Cuarto Poder y anunció que todos los relacionados a la denuncia desfilarán por su grupo de trabajo para conocer el monto en sí desaparecido de las arcas del Estado a través de dicha modalidad.
En diálogo con diario Exitosa, el solidario calificó como “indignante” que dos funcionarios se aprovechen de la necesidad del pueblo para lucrar y darse una gran vida, mientras que las personas sufren el abandono del Estado. “Vamos a investigar a estos delincuentes y citar a los jefes de dicho organismo”, refirió.
Wong adelantó que en las conclusiones de las investigaciones darán algunas alternativas para que el Gobierno prevea situaciones similares como la ocurrida en Cajamarca. Recordemos que los cajeros del Banco de la Nación: Víctor Raúl Díaz Ruiz y Emma Quiroz quienes le robaron al Estado, se encuentran prófugos de la justicia.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía Superior de Cajamarca que tipifique el delito cometido por los exfuncionarios como “peculado doloso agravado” para que reciban una pena mayor.
“La investigación debe considerar que los fondos sustraídos tenían innegable carácter público, por pertenecer a una empresa también de naturaleza pública, estos recursos les habían sido confiados en custodia a los procesados en razón de su cargo”, puntualizó el representante de la Defensoría en Cajamarca, Agustín Moreno.
Añadió que debe garantizarse el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública y evita el abuso del poder para quebrantar los deberes de lealtad y probidad.
“Este es un claro ejemplo de cómo la corrupción vulnera los derechos de los más pobres por lo que el sistema de justicia penal debe ser categórico”, recalcó Moreno Díaz.
TOTAL DESCARO
Uno de los casos más polémicos es el del gestor Richard Núñez Rubio, quien con el dinero robado de los programas sociales le pagaba a dos mujeres por concepto de pensión alimentaria de sus hijos.
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