“Azuzadores”, “manipulados”, “ignorantes”, “enemigos del desarrollo”, “violentistas”, “turba”, etc.
Lluvia de descalificaciones que desde los medios de comunicación nacional y la clase política cae sobre la protesta legítima de los arequipeños y los ciudadanos que, desde distintos lugares del país, empiezan a solidarizarse con ellos. Ya no se hace siquiera el esfuerzo por tratar de comprender las razones de estas personas que se oponen no a la minería per sé sino a un proyecto en específico de una empresa en particular. Y al estigmatizarlos como “antimineros” se imposibilita el debate de los temas de fondo. Ya hemos abordado en columnas anteriores la débil capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado como una de las razones de la legítima desconfianza ciudadana. Pero hay alguien que también tiene una dosis de responsabilidad y que hasta ahora no ha dicho nada más que acuñar el término de “terrorista antiminero” en el lenguaje de la Nueva Inquisición Pro-minera: la empresa.
Southern no tiene los mejores antecedentes en términos ambientales y sociales. No nos remitiremos a su nefasto historial inicial, allá por los años 50, porque dirán que “los tiempos han cambiado” y que “ahora la minería es moderna y limpia”, solamente nos referiremos a algunos hechos recientes. Southern, que ahora está calladita, ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por incumplir normas ambientales hasta en 12 oportunidades entre el 2009 y el 2014 en la Fundición y Refinería de Cobre de Ilo. En la Resolución Directoral N° 008-2014-OEFA/DFSAI se da cuenta de cada una de las infracciones, entre éstas: haber afectado los suelos con derrames de aceites y/o hidrocarburos como consecuencia de disposición de cilindros o equipos reusables directamente sobre el suelo natural, no haber tomado “las medidas necesarias para evitar e impedir la dispersión de concentrado por acción del viento fuera del área de almacenamiento de concentrado”. Asimismo Southern habría “superado el NMP (nivel máximo permisible) de partículas para emisiones gaseosas”, etc. Por estas 12 infracciones el OEFA le impuso multas de distinto monto que suman 204 UIT. En resumen, Southern ha estado contaminando el ambiente, no lo dice un antiminero-violentista-ignorante, no, lo dice el OEFA.
Por otro lado, la empresa habría contaminado el aire y arrojado arsénico al mar de Ilo. ¿Quién osa decir esto? ¿Un enemigo del desarrollo-ignorante-azuzador? No, lo dice el Ministerio Público.
“En enero de este año, la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención de Delito y Medio Ambiente de Ilo solicitó dos años y seis meses de cárcel para el presidente ejecutivo de Southern Copper por el delito de contaminación ambiental culposa”.
Según el Ministerio Público, el ejecutivo Óscar Gonzáles Rocha “permitió en forma negligente que en la fundición y refinería de cobre de Ilo se efectúe la emisión de partículas contaminantes que superan los límites máximos permisibles, en 100% aproximadamente”. También se le acusa de haber consentido vertimientos de arsénico en el mar por cantidades que bordean el 800% de los LMP”. Esto último nos lo cuenta de manera más detallada el portal de la Sociedad Peruana de derecho Ambiental (SPDA), de la cual Manuel Pulgar Vidal, hoy Ministro del Ambiente, fue Director Ejecutivo.
Sumemos a esto las 138 observaciones al primer EIA para el proyecto Tía María que fueron presentadas, ¿por un azuzador antiminero? No, por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Fue tan escandaloso que el gobierno de aquel entonces decidió anularlo. ¿Qué gobierno antiminero-enemigo del desarrollo hizo eso? El del APRA.
Sí, esta es la empresa en manos de la cual nuestro Presidente de la República acaba de dejar la resolución del conflicto, a la que le ha pedido “lograr el entendimiento” con la población.
Es cierto que la empresa ha presentado un nuevo EIA en el que – lo jura el Ministro del Ambiente- se habrían levantado todas las observaciones anteriores. Pero, si nos pusiéramos un instante en el lugar de los pobladores del Valle de Tambo, ¿no tienen, acaso, un poquito de razón de desconfiar? Es un nuevo EIA, sí, pero es la misma empresa que hace unos años atrás se burló del Estado y de la ciudadanía.
Nada justifica la violencia ni la corrupción, ni la de un dirigente vendido, ni la de una empresa dispuesta a sobornarlo en lugar de ganarse transparentemente la confianza de la gente, ni la de un policía con nombre falso sembrando pruebas para incriminar injustamente a los manifestantes ni la de los vándalos que se infiltran en las movilizaciones. Se debe investigar y sancionar, pero no podemos por ello dejar de examinar el accionar del Estado y de la empresa.
No podemos permitir que quienes osan decir algo crítico respecto a la actividad minera o a alguna empresa en particular sean automáticamente acusados de “ideologizados”, “terroristas antimineros”, “enemigos del desarrollo”. ¿Dónde quedó la libertad de expresión, de opinión y de disenso, que son esenciales en democracia?
Nos toca defenderlas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario