El proyecto minero de Tía María ya está liquidado al menos durante este gobierno –y quizá por un buen tiempo más– a pesar de que los mensajes de ayer hayan tratado de revivirlo con anuncios que más parecen de respiración artificial.
El principal mensaje, el del presidente Ollanta Humala, constituyó una expresión oficial de la gravedad de la situación en Mollendo pero sin reconocer la responsabilidad de su gobierno por la violencia que sigue en estos días en Cocachacra y atribuyéndosela, más bien, a sectores que, en su opinión, no han asumido el papel que esperaba de ellos.
Esto incluye desde la propia empresa a cargo del proyecto, Southern, y el sector privado en general, pero, también, a la fiscalía, al gobierno regional de Arequipa, los municipios de la zona y, además, a los partidos políticos de oposición.
Pero es obvio que el gobierno tiene una responsabilidad inescapable en el desmadre generado en el sur, en el que se resquebrajó absolutamente el Estado de derecho y se produjeron muertes lamentables, y con el riesgo evidente, además, de que la protesta se chorree hacia otras zonas del país, afectando otros proyectos mineros importantes.
La crítica lanzada por el presidente Humala aludía a los reclamos que le hacían desde varios frentes. Desde los que piden el estado de emergencia con el fin de restablecer el orden a como dé lugar, hasta los que le pedían que el gobierno decidiera la suspensión definitiva del proyecto de Tía María.
Respecto de esta última posibilidad, el gobierno hizo bien en no tomar unilateralmente esa decisión pues, además de ser ilegal, le habría dado una justificación a Southern para demandar al Perú en fueros internacionales como el del CIADI.
Las movidas de ayer parecen haber sido coordinadas con varias instancias, pues hubo varios mensajes razonablemente alineados con la posición del gobierno.
Desde una reacción comprensiva de varios sectores políticos, hasta un mensaje de la directiva de la Confiep y –quizá lo más relevante– el pronunciamiento del presidente de Southern que propuso “una pausa, un intervalo (…) que permita a todos presentar sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable”.
Lo más probable, sin embargo, es que Tía María sea hoy políticamente inviable y por un tiempo que superará el plazo que le queda al gobierno actual, cuya preocupación realista debiera ser ahora cómo evitar que el fracaso evidente en dicho proyecto arequipeño termine afectando a otros en otras regiones, lo cual oscurecería aún más la perspectiva económica nacional.
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