El secuestro de la justicia

Nos preguntamos si es posible una “intervención democrática” al Poder Judicial (incluido el Ministerio Público).

Para la construcción de todo Estado moderno (liberal y capitalista) se requiere dos condiciones básicas: a) que los futuros ciudadanos de ese Estado renuncien al —digamos— derecho de aplicar justicia por mano propia; y b) entregarle a ese nuevo Estado el monopolio de la violencia y la discutible posibilidad de matar a aquellos que cometen delitos graves. A cambio de este contrato se entrega a los ciudadanos un conjunto de derechos, como el derecho a la vida, al debido proceso, a la justicia misma, etc., que deben ser respetados por el Estado.

Es necesario tomar en cuenta que, en el caso de la justicia, el soberano —por llamarlo de alguna manera— sigue siendo el ciudadano o el pueblo porque son ellos quienes entregan su derecho a los jueces (y fiscales) para que la administren. En última instancia es el pueblo el depositario de la justicia y, por ende, se lo puede “entregar” al Estado.

Hemos hecho este recuento para señalar que la autonomía del Poder Judicial es siempre relativa respecto al pueblo, que es el soberano. Cuando hablamos de soberanía o potestad nos referimos a la relación con los otros poderes del Estado, no así respecto al soberano. El poder judicial debe ser independiente del poder político y económico ya que su interés primordial es aplicar justicia a todos por igual. No puede existir una justicia que solo beneficie a un sector de la sociedad.

Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo al “secuestro de la justicia” por aquellos que la administran y por determinados sectores privados. El mayoritario malestar que hoy tiene la población respecto al Poder Judicial (incluyo al Ministerio Público) es la otra cara de dicho secuestro.

Ejemplos sobre este proceso hay muchos:

a) El abierto conflicto entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al intentar, el primero, nombrar a dos fiscales supremos. En este caso, opinan los especialistas, es el TC quien está violando la Constitución y las leyes ya que es función del CNM nombrar, previa evaluación, a jueces y fiscales. Hay, pues, un intento muy claro de suplantación. Sin embargo, lo que está detrás de este conflicto son los intereses de un partido político y, hasta incluso, de sectores del crimen organizado que intentan penetrar directamente y copar el Ministerio Público.

b) La decisión de la jueza Gabriela Saavedra de La Cruz, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, que prohíbe al Juez Richard Concepción Carhuancho continuar toda investigación sobre el presidente regional de Ancash, César Álvarez. De otro lado, fuentes confiables indican que la misma resolución ha llegado al Fiscal Anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, con igual pretensión, es decir, dejar de lado la investigación a la autoridad regional. Como se sabe, Álvarez debe al país más de una explicación.

c) El intento de Juan Vidal, presidente (interino) de la Corte de Lima, de “quebrar” el juicio contra el exdictador Alberto Fujimori por el caso de los diarios “chicha”. Es sospechoso y hasta escandaloso que dicho presidente interino decida —a muy pocos días para dejar el cargo que ostenta transitoriamente— modificar la composición de seis salas penales de Lima, entre ellas, la que tiene a su cargo el juicio contra Fujimori, ya que al modificarse por segunda vez, como es en este caso, debe comenzar un nuevo juicio.

d) El intento de archivar definitivamente el dramático caso de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, realizadas durante el gobierno de Fujimori, al no encontrarse responsabilidad del Estado y de autoridades políticas.

e) La exclusión del juicio por el caso del llamado “baguazo” a Alan García, Mercedes Cabanillas y Yehude Simon, para someter a la justicia solo a indígenas y campesinos.

f) El negligente comportamiento del ex Fiscal José Peláez de colaborar con la justicia de EE.UU. en el caso de los Sánchez Paredes.

Se pueden sumar más ejemplos, como el comportamiento del Poder Judicial respecto a la investigación realizada por la llamada “megacomisión” del Congreso contra Alan García, pero la pregunta que debemos hacernos porque afecta el orden constitucional y, sobre todo, a la democracia, es ¿qué hacer frente a esta situación? Hay evidencias que por detrás de cada uno de estos casos estaría la influencia de partidos políticos (muchos hablan del APRA) y del crimen organizado y que, en algunos, hasta podría ser una práctica coordinada. Estamos, por lo tanto, frente a una crisis mayor, estructural, que pone en cuestión a la justicia como un derecho y un principio básico: la capacidad de autorreforma de un poder constitucional.

En este contexto nos preguntamos si es posible, más allá que suene paradójico, una “intervención democrática” al Poder Judicial (incluido el Ministerio Público) que suponga, además de la transparencia y el respeto a la ley, la participación de la sociedad y el compromiso democrático del Ejecutivo de aplicar una reforma a fondo.

Una reestructuración que suponga contar con jueces y fiscales competentes, capaces de administrar la justicia que está comprendida en las normas pero también en la moral pública, y con recursos suficientes para su normal funcionamiento. Esta experiencia se ha dado en otros países.

No se entiende por qué el neoliberalismo se queja tanto de la mala justicia pero hasta ahora no es capaz de resolver el problema. En este contexto, Miguel Castilla, el ministro de Economía, demuestra no solo su incompetencia sino también su olímpico desinterés por un asunto que es medular en toda sociedad. Los pobres y la mayoría de peruanos, señor ministro, tienen derecho a la justicia y no solo sus amigos, como los de las AFP, a quienes inmediatamente sale a defender cuando son objetados.

Es verdad que la propuesta puede ser calificada de “autoritaria” ya que se ha practicado en el pasado con resultados negativos. Sin embargo, más allá del tema de la reforma, lo que sí es necesario y urgente es discutir y resolver este problema. Dejarlo a la deriva, como ocurre ahora, es la mejor manera de regresar a la barbarie y de justificar el regreso de un nuevo autoritarismo en el país, acaso peor que los anteriores.