Es tristemente paradójico que justo hoy 3 de mayo que se conmemora el día mundial de la libertad de expresión, la justicia vaya a condenar al periodista Rafo León por ejercer el derecho a opinar con libertad.
En efecto, la Unesco ha lanzado una campaña mundial para que los 3 de mayo –como hoy– se celebre el día mundial de la libertad de prensa, bajo el lema ‘Acceso a la información pública’, en el marco de la promoción de la protección de la libertad de los periodistas a ejercer su oficio ante la proliferación de la censura y la falta de seguridad para realizar su trabajo.
Y, en efecto, la jueza del cuadragésimo segundo juzgado penal de reos libres de la corte superior de justicia de Lima, la doctora Susan Coronado Zegarra, no pudo escoger un día más oportuno que el de hoy, para, a las diez de la mañana, dictar sentencia contra el periodista Rafo León en una querella por el supuesto delito de difamación agravada planteada por Martha Meier Miró Quesada.
Se presume, por el anuncio de lectura de sentencia en acto público, que esta será condenatoria, lo cual sería –de concretarse– un atropello a la libertad de expresión y, particularmente, del derecho a opinar, así como una violación del sentido común.
Para comprobarlo, solo basta leer el artículo de León para darse cuenta de que este no puede ser calificado, en modo alguno, de difamatorio.
Lo más probable es que hoy se condene a un periodista por un artículo claramente de opinión crítica en el ámbito político. No imputa ningún hecho falso lesivo al honor. Se trata de opinión pura. No obstante, Rafo León podría ir a la cárcel, en lo que sería una sanción ilegítima y un claro ejemplo de cómo el Poder Judicial es funcional para la perversidad de litigantes y de abogados inescrupulosos.
Meter preso a un periodista –o a cualquier persona– solo por opinar, no solo perjudicaría a su autor, sino que, mucho más grave que eso, le produciría un gran daño a la ciudadanía en su conjunto pues mellaría los fundamentos de una sociedad democrática que debería garantizar a la gente –y no solo al periodista– el derecho a exponer su punto de vista.
Por supuesto que la honra de una persona tiene un valor fundamental que debe ser protegido por la ley y por la justicia, pero cuando esta abusa de estas normas para condenar a un periodista como León, en cuyo artículo no es posible identificar expresiones denigratorias o agravios, se está contribuyendo a asesinar la libertad de expresión, que es un fundamento de la democracia y de una sociedad libre.
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