domingo, 30 de abril de 2017

El exmandatario Alberto Fujimo­ri solo puede re­cibir el indul­to humanitario, pero por ahora “no reúne las condi­ciones necesarias para re­cibirlo”, aseguró ayer la ministra de Justicia, Mari­sol Pérez Tello. Explicó que esta prerro­gativa presidencial, en el caso de Fujimori, debe ser solicitada por la familia y tener, a su vez, un informe técnico que demuestre que cumple con las condicio­nes requeridas, como po­seer una enfermedad ter­minal u otro mal que, no siendo terminal, sea dege­nerativo, incurable y que se agudice en la cárcel. No obstante, la minis­tra precisó que, por el mo­mento, el condenado tres veces por diversos delitos no cumple con ninguno de los anteriores requisitos exigidos y tampoco cali­fica para recibir el indulto simple. Pérez Tello seña­ló que Fujimori no puede recibir esta gracia común debido a que fue senten­ciado a 25 años de prisión por secuestro agravado, corrupción y homicidio calificado, considerado a su vez, por la justicia in­ternacional, como de lesa humanidad. Sin embargo, conside­ró que el otro camino que Fujimori tiene para recu­perar su libertad es a tra­vés de la aprobación de un proyecto de ley que, la se­mana pasada, el congresista Roberto Vieira –expulsado de las filas de Peruanos por el Kambio– presentó para otorgar arresto domiciliario a los sentenciados mayores de 75 años que posean una enfermedad terminal. “Eso procede para todos. Los ciudadanos pueden no entender esto, pero la cárcel no es una venganza políti­ca ni de la víctima frente al victimario”, dijo. SOBRE HUMALA Si bien esa ley podría beneficiar a Fujimori, su familia y la mayoría de la bancada de Fuerza Popu­lar prefieren que Kuczyns­ki le otorgue el indulto hu­manitario. Por otro lado, la pepecista afirmó que el caso Madre Mía –que in­volucra al exmandatario Ollanta Humala con el se­cuestro, asesinato y tortura de dos pobladores en Huá­nuco hace más de 25 años– es “muy complicado” por lo que debe ser tratado con “doble prudencia”. “Van a salir audios so­bre este tema, delaciones sobre la participación de otros líderes nacionales y creo que hay que sepa­rar esas actuaciones de la política en general (…) e individualizar los actos”, anticipó. NO ES LA PRIMERA VEZ Tres días antes de acabar su gobierno, el 25 de julio del año pasado, el expresidente Ollanta Humala confirmó la existencia de un pedido de indulto para el exmandatario Alberto Fujimori, pero decidió no entregarle dicha gracia. El exabogado de Fujimori, William Paco Castillo, retiró el pedido en los días posteriores.

El pedido para concederle el indulto humanitario a Alberto Fujimori por razones de salud ha vuelto a poner el tema en la agenda pública. En este gobierno se han concedido hasta ahora cuatro indultos de este tipo por razones justificadas. ¿Quiénes deben esperar la gracia presidencial? 
 El pedido para indultar a Alberto Fujimori es cuestionado por un gran sector de la ciudadanía que no olvida sus delitos.

En el 2009, cuando trabajaba en el penal de Lurigancho, Ángela Huarcaya Vidal fue convencida por una persona para introducir a ese lugar 400 gramos de pasta básica de cocaína. Le habían pagado 100 soles. Fue descubierta, procesada y sentenciada por tráfico ilícito de drogas. 
 
Desde entonces estuvo recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos y en los últimos años le diagnosticaron un tumor cerebral con síndrome convulsivo y displasia irreversible. Fue desahuciada y su caso llegó a la Comisión de Gracias Presidenciales del ministerio de Justicia.
 
En los primeros días de noviembre de 2016, ella se convirtió en la primera persona en recibir el indulto por razones humanitarias del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Su caso lo ameritaba: su delito no era grave y su condición física era verificable con pruebas y documentos médicos. 
 
El tema del indulto presidencial por razones humanitarias ha vuelto a la coyuntura por estos días debido a las propuestas que se han hecho desde el Congreso para concederle el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori o para que se cambie su situación por arresto domiciliario.
 
“En lo que va de este gobierno se han concedido cuatro indultos humanitarios, cuatro conmutaciones de pena y hay alrededor de 1,000 solicitudes de todo tipo que tienen que ser evaluadas por la Comisión de Gracias Presidenciales”, dice una fuente del ministerio de Justicia.
 
La titular del portafolio, Marisol Pérez Tello, revisa pedidos de indulto todas las semanas. Hasta el momento todos los indultos humanitarios concedidos han sido –según lo publicado en las resoluciones– justificados.
 
Este 2017, en marzo pasado, el presidente Kuczynski y Pérez Tello firmaron otros tres indultos de este tipo: el de un interno español que sufría TBC avanzada y anemia; del peruano Hipólito Arellano Cabellos que sufre de paraplejia, infecciones urinarias, y tiene resistencia a casi todos los antibióticos; y la peruana Cecilia Abregú Ávila, que sufre de un cáncer de mama que está haciendo metástasis. 
 
El primero de ellos fue expulsado del país y los otros dos se fueron a casa. Las condiciones de los penales en que estaban internados no eran las adecuadas para su atención e incluso ponían en mayor riesgo su salud. Por el contrario, los males que sufre el expresidente Fujimori no son graves, y sus condiciones de prisión son razonables. Además tiene atención médica dentro y fuera cuando lo necesita. 
 
En el plano judicial –lo han dicho algunos abogados– no se le podría conceder un indulto porque está condenado por secuestro y la ley no lo permite para este delito.
 

Comisión presidencial

 
La figura del indulto presidencial ha acaparado el interés público desde que durante el gobierno de Alan García se conoció el abuso que la Comisión de Gracias Presidenciales del Minjus, presidida en ese momento por Facundo Chingel, hizo de sus atribuciones: se liberó a centenas de delincuentes vinculados en muchos casos al tráfico de drogas, al robo agravado y otros crímenes.
 
No ha vuelto ha ocurrir algo así desde entonces. 
 
Los pedidos que llegan hasta la comisión pueden ser de indulto por razones humanitarias, indulto común, conmutación  o derecho de gracia. Durante la gestión de Chingel se abusó de las tres últimas. En el gobierno aprista se habrían concedido 55 indultos por razones humanitarias y 5,500 por las otras, según cifras consignadas por los medios de comunicación.
 
El procedimiento hoy puede durar desde tres meses hasta varios años. El interno presenta su solicitud ante el INPE y el documento pasa a la Comisión de Gracias Presidenciales. Aquí se evalúa, se solicitan los documentos necesarios y se califica el pedido. Luego se presenta el informe al ministro de Justicia y este lo presenta al Presidente. El Jefe del Estado puede aceptar o no la recomendación. Si lo hace, la resolución se publica en El Peruano con su firma y la del ministro de Justicia. 
 
Actualmente hay unas 1,000 solicitudes de todo tipo para ser evaluadas por la Comisión del Minjus. ¿Quiénes esperan una gracia presidencial? La ministra del sector, Marisol Pérez Tello, considera a título personal que una persona enferma en grado terminal debería ser indultada si lo solicita. También hay casos en donde la pena notoriamente fue excesiva, o aquellos en que la carcelería sin sentencia excede todos los plazos de ley. También deberían ser excarceladas aquellas personas con notorios problemas mentales.
Varios internos, sobre todo mujeres, recibirían en unos días alguno de estos beneficios (indulto, conmutación de pena o derecho de gracia) por el Día de la Madre.
 

Casos para contar

 
Un caso que muchos recuerdan es el de la ciudadana Silvana Buscaglia, quien apareció en las imágenes de los noticieros agrediendo verbalmente y golpeando a un policía de tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez. Por esa falta fue sentenciada a 6 años y ocho meses de prisión.
 
El último día del gobierno de Ollanta Humala, el 28 de julio de 2016, le fue concedido un indulto común por el presidente saliente. Estuvo siete meses recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos. Usando esta figura legal, Humala acabó la polémica entre quienes consideraban la pena un exceso y quienes indicaban que la ley es dura pero es la ley. 
En el registro de indultos humanitarios de Ollanta Humala, registrados entre 2011 y 2015, hay un dato peculiar: de trece excarcelados en ese lapso, nueve fallecieron en los siguientes meses. La mayoría de ellos sufría de distintos tipos de cáncer e insuficiencias renales o respiratorias.
 
El 14 de abril pasado, el gobierno también hizo uso de otra de las atribuciones presidenciales: le conmutó la pena a cuatro ciudadanos extranjeros (una boliviana, un ecuatoriano, un neozelandés y una lituana) por cumplir con los requisitos establecidos en esta figura (buena conducta, estudios o trabajo en prisión, entre otros) y, además, porque sus embajadas y consulados garantizaban su salida a sus países de origen.
 
Se irán del Perú entre mayo y agosto de este año cuando se cumplan sus sentencias.
 
“La posición del presidente Kuczynski en este tema ha sido muy clara: él solo dará un indulto a personas que reúnan las condiciones. La valoración se hace técnicamente”, declaró la ministra hace unos días cuando un medio le consultó sobre esta figura y la posibilidad de aplicarlo a Fujimori.
 
Como se ve, la situación del expresidente recluido en la Diroes dista mucho de las condiciones en que transcurren los días en prisión de los internos de los penales del país. Hay casos incluso de internos que hicieron su pedido y fallecieron esperando una respuesta o, como un recluso del penal de Lurigancho el 2011, que la obtuvo cuando ya era demasiado tarde.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario