Ejemplar fallo contra Fujimori y en defensa de la libertad de expresión
El Poder Judicial ha condenado a Alberto Fujimori a ocho años de prisión, al pago de una reparación civil de 3 millones de soles y a tres años de inhabilitación como culpable de haber autorizado el desvío de 122 millones de los presupuestos de las FFAA y de los ministerios del Interior y Defensa al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar la compra de la línea editorial de los “diarios chicha”, a fin de que apoyen su segunda reelección en el año 2000.
En una sentencia impecable, por su redacción y coherencia, por los datos probatorios y las relaciones que establece entre los hechos delictivos y el bien jurídico del régimen democrático que las leyes protegen, la Cuarta Sala Penal Liquidadora, que preside la jueza superior Victoria Sánchez, ha determinado que es indudable que Fujimori aprovechó su cargo de mandatario para utilizar las arcas del Estado en beneficio propio, con la finalidad de perpetuarse en el poder, pervirtiendo para ello la libertad de expresión, uno de los más preciados valores ciudadanos y que garantiza el balance de ideas, de críticas y opciones.
En esta quinta condena que le impone, la justicia ha probado que Fujimori tenía pleno conocimiento del desvío de fondos públicos bajo la denominación de gastos reservados de inteligencia al SIN para pagar la compra de los “diarios chicha”, favorecer su régimen y atacar a los opositores en desmedro de un país en recesión y ante la crisis generada por el fenómeno de El Niño, el cual afectó a gran parte de la población en nuestro país. Varios de los atacados por esta prensa vendida fueron y son miembros de esta casa editora, como nuestro director fundador Gustavo Mohme Llona, Ángel Páez y Edmundo Cruz.
Este proceso es uno de los que más inquietó al fujimorismo; en él se concentran las características que hicieron del gobierno de Fujimori y Montesinos un régimen mafioso, oscuro, arbitrario, violento e inescrupuloso. La justicia ha verificado que la red construida alrededor de los “diarios chicha” arrasó con las columnas centrales del régimen democrático mezclando corrupción, violencia, mentira, engaño y chantaje en una sola trama.
El caso tuvo varias etapas; el año 2005 fueron condenados en este caso varios civiles y militares: Montesinos, siete directivos y directores de los medios vendidos y los ex comandantes del Ejército, Aviación y Marina que autorizaban el desvío de los fondos de las FFAA para ese propósito. En esa sentencia, la justicia determinó los nombres de los diarios alquilados para difamar: “El Chino”, “El Men”, “El Tío”, “La Chuchi”, “El Mañanero”, “Más” y “El Chato”.
En un segundo momento, el 14 de setiembre del 2012, la Corte Suprema de Chile amplió la extradición de Fujimori solicitada por el Estado peruano para incluirlo en el proceso. En ese momento ya existía un voluminoso expediente lleno de hechos, datos, fechas y nombres y el juicio empezó a pesar de que su defensa sostuvo que debido a su estado de salud, Fujimori no podía afrontar el juicio. Los hechos posteriores han demostrado que ese argumento era también mentiroso.
La sentencia dignifica a la justicia peruana al hacerla sensible a la vigencia de las libertades informativas. Es, al mismo tiempo, una lección para los gobernantes, que les indica que el crimen no paga, que las redes oscuras que envilecen a la prensa no son eternas y que tarde o temprano serán sancionados sus inspiradores y operadores.
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