erú: Gobierno busca proteger a indígenas
Por Carmen Alvarado para Infosurhoy.com
El narcotráfico, la tala ilegal y la minería son las amenazas más graves a
las comunidades indígenas aisladas de Perú. (Ministerio de
Cultura/AFP)
¿La razón?, la actividad narcotraficante, la extracción minera ilegal y la tala forestal indiscriminada que se lleva a cabo en la Amazonía, según Pedro Yaranga, especialista en narcotráfico.
“Es preocupante porque el tráfico ilícito de drogas [opera] en estas zonas protegidas [con] narco pistas, y hay enfrentamientos por el pago a líderes indígenas para facilitar el trasporte de drogas, como ocurrió el 11 de julio en la comunidad nativa de Tsomaveni, donde fueron acribilladas siete personas”, precisó Yaranga.
Según la Policía Nacional, se han identificado 44 pistas clandestinas para el trasiego de drogas en la selva central en 2013. En el 2012, se registraron 20 narco pistas.
La acción de los narcotraficantes ha obligado a las tribus indígenas no contactadas a salir de su territorio en los alrededores del parque Manu, ubicado entre los departamentos de Cusco y Madre de Dios. Por ello, este año se han registrado al menos cinco avistamientos.
El 24 de junio, pobladores machiguengas aparecieron en el río Las Piedras en la Amazonía, según el antropólogo Israel Aquise, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
“[Si bien] es normal que por esta temporada se movilicen en búsqueda de alimento, últimamente las apariciones son más frecuentes”, dijo. “Lo más probable es que están siendo acorralados por las actividades extractivas como la industria forestal ilegal, las exploraciones petroleras sin ninguna fiscalización además del narcotráfico”.
La problemática se agrava con la ampliación del proyecto Gas de Camisea, en el departamento de Cusco. La iniciativa se considera como una importante fuente energética del país.
“Ese proyecto dará grandes beneficios como abastecer de gas a todo el Perú, pero atentaría contra los derechos de los nativos”, dijo Shuar Velásquez, investigador de la Universidad de Piura y miembro de la comunidad indígena Awajun y Wampis.
El Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, entidad estatal encargada del bienestar de las comunidades indígenas, rechazó el 12 de julio la ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto de 450 millones de pies cúbicos a 850 millones de pies cúbico diarios.
La principal preocupación es la exposición a gérmenes que puedan generar enfermedades, según la antropóloga Beatriz Huertas, del Comité Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento.
De hecho, en estos momentos hay una epidemia de tuberculosis dentro de la reserva territorial Nahua Kugapakori Nanti, donde conviven tres pueblos indígenas en aislamiento, según Aquise.
Las acciones del gobierno
Para proteger a estas comunidades indígenas, en agosto de 2012 el gobierno entregó cinco reservas territoriales a indígenas e implementó la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, aprobada en 2006. Las reservas territoriales están concentradas en los departamentos de Cusco, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Junín, al sureste de Perú.
Una comunisión compuesta por cuatro ministerios, organizaciones indígenas y la Defensoría del Pueblo reconocieron las reservas, las que garantizan medidas de control de actividades económicas que podrían atentar contra estas comunidades, según el gobierno peruano.
El proceso para declarar las reservas territoriales depende mucho del apoyo de las organizaciones indígenas líderes de la zona como la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), AIDESEP y de las comunidades cercanas a sus territorios que ya entraron en contacto inicial. Así, el gobierno averigua las necesidades de las comunidades sin atentar contra sus costumbres.
Sin embargo, debido a falta de recursos, el gobierno no cuenta con la capacidad para monitorearlas, según Aquise.
“El Viceministerio de Interculturalidad cuenta con tan solo tres puestos de control en la reserva territorial Kapakuari Nahua Nanti y [no están bien mantenidos]”, dijo.
Velásquez exhortó al gobierno peruano a dirigir una política integral para monitorear a estas poblaciones adecuadamente e incluso proveerles servicios en la medida de lo posible para garantizar su seguridad.
“Ellos no pueden quedarse como reliquias en el tiempo. Hay que darles servicios básicos. En este momento no existe política para involucrarlos en la sociedad. Estamos en camino, pero falta mucho”, dijo Velásquez al sostener que el contacto inicial con estos pueblos debe realizarse de manera progresiva, tomando todas las precauciones para no poner en riesgo sus vidas ni sus costumbres.
Aquise dijo estar de acuerdo con el contacto inicial. “Debemos protegerlos pero a la vez tratarlos como ciudadanos. No solo darles su carnet de identificación sino también servicios básicos en la salud y educación”, agregó.
El gobierno está por designar otras cinco reservas territoriales: Napo Tigre Curarau, Yaraví Mirim y Yaraví Tapicheen el departamento de Loreto; y Cashibo Cacataibo y Kapanawa, entre los departamentos de Loreto y Ucayali.
La designación se realizará tras una reunión entre representantes de las comunidades indígenas, expertos y el gobierno a efectuarse el 26 y 27 de agosto en la capital peruana.
Otra de las tareas pendientes es la publicación de la base de datos oficial de estas poblaciones, basada en una encuesta realizada en 2012 por el Viceministerio de Interculturalidad.
El jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez, pidió que se difundan los resultados para uniformizar la información que maneja el gobierno. Sin embargo, las autoridades no han dicho cuando darán a conocer los datos.
“Sin lugar a dudas proporcionará datos actuales de las comunidades y así [se conocerá] la real situación de los indígenas”, señaló.
