El informe final de la “megacomisión” sobre el caso colegios emblemáticos recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Alan García por el decreto de urgencia 004-2009, y formular denuncia penal contra el exministro de Educación, José Antonio Chang, por irregularidades en su ejecución.
Dicho informe, presentado por el expresidente de la comisión investigadora, Sergio Tejada, ante el pleno del Congreso de la República, señala que el referido decreto, emitido durante el segundo gobierno aprista, sirvió para evadir los controles y gastar más de S/. 1 200 millones en la remodelación de colegios emblemáticos.
En ese sentido, la “megacomisión” acusa al exministro Chang de haber incurrido en los delitos de falsedad genérica y negociación incompatible.
El primer delito habría sido cometido al no haber hecho un diagnóstico de la infraestructura escolar, mientras que el segundo, por presuntamente contratar con empresas relacionadas a la Universidad San Martín de Porras, de la que a su vez era rector con licencia.
Tejada cuestiona que Chang, siendo ministro de Educación, haya tenido licencia, primero sin goce de haber, pero después con haberes, por parte de la referida casa de estudios, lo cual estaría prohibido como funcionario público.
La comisión calcula en unos S/. 55 millones la malversación de fondos debido a los sobrecostos, duplicidad de estudios y falta de obras en 77 colegios en provincias y 56 colegios en Lima Metropolitana.
Se cuestiona, además, que la empresa DH Mont haya obtenido 16 contratos en Lima, cuando es una empresa que no tiene experiencia en remodelaciones.
Dicho informe, presentado por el expresidente de la comisión investigadora, Sergio Tejada, ante el pleno del Congreso de la República, señala que el referido decreto, emitido durante el segundo gobierno aprista, sirvió para evadir los controles y gastar más de S/. 1 200 millones en la remodelación de colegios emblemáticos.
En ese sentido, la “megacomisión” acusa al exministro Chang de haber incurrido en los delitos de falsedad genérica y negociación incompatible.
El primer delito habría sido cometido al no haber hecho un diagnóstico de la infraestructura escolar, mientras que el segundo, por presuntamente contratar con empresas relacionadas a la Universidad San Martín de Porras, de la que a su vez era rector con licencia.
Tejada cuestiona que Chang, siendo ministro de Educación, haya tenido licencia, primero sin goce de haber, pero después con haberes, por parte de la referida casa de estudios, lo cual estaría prohibido como funcionario público.
La comisión calcula en unos S/. 55 millones la malversación de fondos debido a los sobrecostos, duplicidad de estudios y falta de obras en 77 colegios en provincias y 56 colegios en Lima Metropolitana.
Se cuestiona, además, que la empresa DH Mont haya obtenido 16 contratos en Lima, cuando es una empresa que no tiene experiencia en remodelaciones.
CASO PETROAUDIOS
El informe, expuesto por el legislador Sergio Tejada, quien presidió la “megacomisión”, responsabiliza penalmente al expresidente Alan García y a los exministros Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca, por supuesta interferencia política en la investigación judicial a la empresa Business Track (BTR), responsable del espionaje de las telecomunicaciones.
Refiere que el objetivo fue obstaculizar la labor de la justicia para evitar el esclarecimiento de las escuchas telefónicas realizadas por BTR. Por ello, el informe considera que se les debe denunciar por el delito de asociación ilícita para delinquir.
“Se quería evitar el conocimiento público de las grabaciones telefónicas que probarían la interferencia y participación de miembros del gobierno y del Partido Aprista Peruano, en los contratos de las empresas estatales relacionadas con el caso petroaudios”, señaló.
En su informe, Tejada señala que hay indicios razonables que permiten presumir la responsabilidad penal de Del Castillo, por haber promovido la salida del país de dos responsables del espionaje telefónico, y que iban a colaborar con las investigaciones.
Son los casos de Ismael Mata Uribe y Luis Amengual Rebeza, quienes fueron contratados como personal en dos consulados del Perú en Estados Unidos, con un sueldo de US$ 7 000 mensuales, a pesar de no reunir el perfil profesional para el cargo.
En el caso de Miguel Hidalgo, en ese entonces jefe de la Dirandro, el informe lo acusa de reportar directamente a Palacio de Gobierno, cuando su deber era hacerlo ante el director de la Policía y el Ministro del Interior. También considera que el expresidente García cometió infracción constitucional, por haber ascendido de manera irregular al contralmirante Elías Ponce Feijoo, uno de los “chuponeadores”, y que fue sentenciado por ese delito.
El informe cuestiona a la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, por haberse reunido con el Presidente, para propiciar la intervención de un local de la Marina de Guerra del Perú, donde operaban el personal de BTR.
El informe, expuesto por el legislador Sergio Tejada, quien presidió la “megacomisión”, responsabiliza penalmente al expresidente Alan García y a los exministros Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca, por supuesta interferencia política en la investigación judicial a la empresa Business Track (BTR), responsable del espionaje de las telecomunicaciones.
Refiere que el objetivo fue obstaculizar la labor de la justicia para evitar el esclarecimiento de las escuchas telefónicas realizadas por BTR. Por ello, el informe considera que se les debe denunciar por el delito de asociación ilícita para delinquir.
“Se quería evitar el conocimiento público de las grabaciones telefónicas que probarían la interferencia y participación de miembros del gobierno y del Partido Aprista Peruano, en los contratos de las empresas estatales relacionadas con el caso petroaudios”, señaló.
En su informe, Tejada señala que hay indicios razonables que permiten presumir la responsabilidad penal de Del Castillo, por haber promovido la salida del país de dos responsables del espionaje telefónico, y que iban a colaborar con las investigaciones.
Son los casos de Ismael Mata Uribe y Luis Amengual Rebeza, quienes fueron contratados como personal en dos consulados del Perú en Estados Unidos, con un sueldo de US$ 7 000 mensuales, a pesar de no reunir el perfil profesional para el cargo.
En el caso de Miguel Hidalgo, en ese entonces jefe de la Dirandro, el informe lo acusa de reportar directamente a Palacio de Gobierno, cuando su deber era hacerlo ante el director de la Policía y el Ministro del Interior. También considera que el expresidente García cometió infracción constitucional, por haber ascendido de manera irregular al contralmirante Elías Ponce Feijoo, uno de los “chuponeadores”, y que fue sentenciado por ese delito.
El informe cuestiona a la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, por haberse reunido con el Presidente, para propiciar la intervención de un local de la Marina de Guerra del Perú, donde operaban el personal de BTR.
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