Por: Juan Carlos Tafur
En medio de la luna de miel del flamante gobierno empiezan ya a avizorarse los rostros de la protesta social. A los alborotos del valle sagrado se suman ahora los primeros atisbos de roces en el proyecto minero Las Bambas, cuya envergadura ha sido capaz, por sí sola, de explicar buena parte del crecimiento del PBI de los últimos meses.
De los tres escenarios de riesgo político del actual gobierno, el de la conflictividad social es el más complicado, por el momento. Salvo sorpresas en contrario, no se vislumbra aún que el Congreso se coloque en plan arisco y empiece a bloquear iniciativas de gobierno o a bajarse ministros por puro gusto opositor. Si eso ocurre va a ser a partir del segundo año.
Tampoco se aprecia en el horizonte cercano, un escenario de escándalos mediáticos. Ha transcurrido muy poco tiempo como para suponer que algún ministro o funcionario de primer nivel vaya a incurrir en alguna práctica cuestionable que luego de ser denunciada genere un tumulto periodístico capaz de causar zozobra política en el régimen.
En cambio, los conflictos sociales no esperan la agenda del gobierno para detonar. Tienen su propia ruta y destino, más allá de los calendarios electorales o gubernativos.
La onda expansiva de un conflicto mal manejado es capaz de llevarse de encuentro todo un consejo de ministros. Ya lo hizo antes. El “arequipazo” se tumbó al gabinete Dañino, en los albores del gobierno de Toledo. En junio de 2002 estalló la protesta en Arequipa, en julio renunciaba el Premier y todo su gabinete.
Lo mismo ocurrió con el “baguazo” y el gabinete Simon: en junio de 2009 ocurren los incidentes, dos semanas después, Alan García anunció su salida. En el humalismo, tanto los gabinetes Lerner como Valdez fueron víctimas del “congazo”. Mucho ojo
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