El agua, la paradoja
A propósito del Día Mundial del Agua, establecido por las NNUU en 1992, se han vuelto a saber de las cifras que revelan el privilegiado lugar que ocupa el Perú en relación con la posesión de agua dulce y, a pesar de ello, la cantidad de peruanos que carecen de agua potable, unos 8 millones según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). La FAO acaba de resumir esta paradoja señalando que el Perú es el país con mayor disponibilidad de agua dulce por habitante en América Latina, a pesar de lo cual tiene una aguda escasez por su limitada accesibilidad, una alta ineficiencia y una mala gestión del recurso.
Planteado el asunto desde hace por lo menos 10 años, el Estado ha encarado desde las políticas públicas tanto la institucionalidad de la gestión del recurso hídrico como la regulación de su uso y la inversión pública para cerrar la brecha de acceso al agua. El balance de estas políticas es objeto de debate.
La institucionalidad del agua está en construcción; son hitos en esa ruta la creación del Ministerio del Ambiente y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), esta última institución en el año 2009 mediante la Ley N° 29338, que moderniza el tratamiento de este crucial asunto público a partir de la adopción de principios que expresan un estándar internacional, como la gestión integrada, la prioridad del acceso por la persona humana, la cultura del agua, la sostenibilidad de su aprovechamiento y el respeto a la propiedad por las comunidades nativas y campesinas. Dicha norma crea la ANA y un Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos de arriba abajo, incluyendo un modelo de solución de conflictos por el uso del agua. A partir de ello, el Estado ejecuta planes hídricos, realiza investigaciones y sistematiza la información.
Esa institucionalidad es aún débil debido a dificultades en el diseño general que reduce las posibilidades de alcanzar mayores recursos para la inversión y garantizar una gestión eficaz y conservación del agua. Los conflictos sociales con componente hídrico ocurridos en los últimos años testimonian esta debilidad y ofrecen un panorama en el que es evidente la existencia de espacios públicos al margen de la regulación o exitosos en la resistencia a ella, y que adoptan decisiones con las consecuencias conocidas. De hecho, la misma pertenencia de la ANA al Ministerio de Agricultura – ahora rebautizado también de Riego– y no al Ministerio del Ambiente expresa esta debilidad y dispersión.
La demanda por hacer más eficaces y vinculantes las políticas hídricas ha colisionado con la salida privatista que, a pesar de exhibir dos sonados fracasos –la EPS Aguas de Tumbes y la EPS Grau de Piura– y de ser débil ante la opinión pública, es eficaz para bloquear la afirmación de una soberanía pública sobre el agua como se apreció en el debate en la Comisión de Constitución del Congreso del dictamen para incorporar en la Constitución Política el derecho al agua. La propuesta que señalaba que toda persona tiene derecho al acceso progresivo y gradual al agua y que este tiene carácter de bien social y cultural y, por lo tanto, no es un producto de carácter económico, fue desechada y en cambio se optó por una redacción que señala que el Estado garantiza como prioridad su consumo personal y doméstico sobre otros usos.
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