Por Jorge Yui
Además, del sentimiento de impotencia y fatalismo que se cierne sobrela sociedadengeneral, otro de los efectos devastadores del escándalo Odebrecht es la desconfianza generalizada ante los políticos y los altos funcionarios del Estado. Los ciudadanos de a pie, dentro de algunos meses nuevamente electores, escucharán y leerán propuestas de obras públicas con justificado recelo, sabiendo que detrás de ellas potencialmente se disimulan nuevas rapiñas y corruptelas organizadas.
Los mecanismos que hacen posible encubrir la corrupción son de una perversa sofisticación y van más allá de nuestras fronteras. Los protagonistas de la corrupción están protegidos por las mismas leyes que salvaguardan nuestros derechos individuales y nuestra privacidad, haciendo prácticamente imposible descubrir a los beneficiarios finales de los cohechos, sobornos y otras malversaciones del erario nacional.
Uno de los artificios más comúnmente utilizado por estos criminales de cuello blanco es la utilización de familiares y terceras personas para recibir, lavar y usufructuar los beneficios de sus fechorías. Las autoridades de supervisión bancaria a nivel mundial intentan contrarrestar este mecanismo a través de controles y reportes que, sin ser inútiles, no parecen ser tan efectivos. En el Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros lleva a cabo una loable actividad de regulación y control. Sin embargo, el respeto a las leyes vigentes dificulta un control más sutil que tal vez podría prevenir casos de corrupción de la dimensión de Odebrecht.
En esta situación se presenta una enorme oportunidad para los políticos y funcionarios honrados. Por qué no imaginar una “Asociación Nacional de Funcionarios y Políticos Íntegros” dispuestos a someterse voluntariamente a un proceso de control y escrutinio, actualmente imposible debido a los límites que impone la ley. En esta asociación, cada político y funcionario voluntariamente registraría no sólo sus datos personales, sino que invitaría a sus familiares y asociados profesionales para conformar una mega base de datos de “Personas sin miedo a la sospecha” que podría ser utilizada por todas las entidades bancarias a nivel nacional e internacional. También esta asociación de autocontrol podría registrar todas las compras y adquisiciones de bienes de un determinado valor y que podrían, en un contexto de investigación, despertar suspicacias.
No hay duda de que pertenecer a esta hipotética y fantástica asociación demandaría a sus miembros una formidable vocación civil y espíritu de sacrificio. A cambio otorgaría a sus integrantes el espaldarazo moral de saberse “sin miedo a la sospecha”: ignominia de la que, desgraciadamente, ningún funcionario o político peruano parece estar libre en estos momentos.
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