Contrariamente a la percepción, el plan de seguridad ciudadana de Fuerza Popular es muy débil.
“El carácter es al árbol lo que la reputación es a su sombra: la sombra es lo que pensamos de él, pero el árbol es lo real”, habría dicho el decimosexto presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. La reflexión podría bien ser adaptada al escenario político local para el caso de la candidata Keiko Fujimori y la imagen que ostentan ella y su agrupación como los mejor preparados para combatir la inseguridad ciudadana.
En efecto, según la encuesta de Ipsos difundida el último domingo, ella es percibida como la candidata que combatirá mejor a la delincuencia. El resultado reafirma la encuesta de El Comercio-Ipsos publicada a principios de mes. En ese entonces, el 41% de los ciudadanos opinaba que habría menos delincuencia en un eventual gobierno de la señora Fujimori. Mientras que solo el 31% tenía igual percepción sobre un gobierno del señor Kuczynski, y 26% en el caso de una administración dirigida por la señora Mendoza.
Keiko Fujimori se ha logrado posicionar entonces como la alternativa política con mayor credibilidad cuando de enfrentar la delincuencia se trata. Pero ¿podría ser que la sombra vaya en desproporción al tamaño del árbol?
El plan de gobierno de Fuerza Popular destina poco menos de dos páginas a las propuestas para mejorar la seguridad ciudadana, las cuales además carecen de plazos, responsables, costos o cualquier tipo de detalle concreto que pueda ayudar a identificar su pertinencia o su viabilidad. De hecho, con respecto al combate al terrorismo y narcotráfico en zonas como el Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) –donde hace poco perdieron la vida 10 personas, y que motivó las recientes críticas de la señora Fujimori al gobierno–, el plan contempla menos de media página que incluye generalidades como “implementar programas integrales de desarrollo en las cuencas cocaleras”.
Pero si el plan oficial en seguridad ciudadana no da mucha seguridad, su equipo tampoco la garantiza. Más allá de los cuestionamientos al vocero del equipo de seguridad y defensa de Fuerza Popular, Dardo López-Dolz, por su defensa al general Villanueva Ruesta, preocupa la desconexión que existe entre las expectativas de inversión en el sector del partido de la señora Fujimori y la realidad del presupuesto nacional.
Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, el incremento en el presupuesto destinado a seguridad prometido por Octavio Salazar, parte del equipo de seguridad de Fuerza Popular, es inviable. Llevar las partidas de Educación, Salud y seguridad al 5% del PBI, como propone el señor Salazar, implicaría destinar a estas tres en conjunto el 80% de lo recaudado por la Sunat. Es decir, el resto de entidades públicas debería sobrevivir con un quinto del presupuesto.
En vista de lo escueto de su plan de gobierno en materia de seguridad y de la inverosimilitud presupuestal de lo prometido, parecen dudosos los méritos propios del partido fujimorista para erigirse como el más capacitado para enfrentar el crimen. No es descabellado suponer, así, que buena parte de su reputación ante la ciudadanía no ha sido otra que la heredada del gobierno de su padre Alberto Fujimori, a quienes muchos perciben como un presidente exitoso en materia de seguridad.
Pero ni los supuestos méritos del padre son transferibles a la hija, ni la reputación es siempre acertada. No está de más, sino, recordar que el presidente Ollanta Humala –por su pasado militar– tuvo la imagen del candidato más efectivo contra la inseguridad en las elecciones del 2011. El incremento de la criminalidad en los últimos años, sin embargo, pone en duda su capacidad en este campo y la exactitud de las percepciones.
La inseguridad ciudadana es el tema que más preocupa a la ciudadanía, y el equipo de Keiko Fujimori debe estar a la altura del reto durante lo que resta de la campaña y –sobre todo– durante un eventual gobierno. No vaya a ser que borrada la sombra del padre terminemos por descubrir nuevamente un árbol mucho menos frondoso que lo esperado.
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