Estarán fuera del magisterio. La ministra de Educación, Marilú Martens, suscribió dos convenios con el Poder Judicial que permitirán agilizar los procesos para la inhabilitación “de por vida” de los docentes condenados por delitos de terrorismo, apología, violencia de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas.
Los convenios se enmarcan en la Ley No 29944 de la Reforma Magisterial, que en su artículo No 52 busca, justamente, impedir que los profesionales de educación, condenados por los referidos delitos, ejerzan el servicio educativo.
“Con estos acuerdos del Ministerio de Educación y del Poder Judicial garantizamos a la sociedad civil contar con una educación libre de violencia, en la que se proteja la integridad y seguridad de la comunidad educativa”, resaltó.
El Minedu tendrá acceso a información de condenas hasta con 35 años de antigüedad. Una vez detectados los casos, procederá con la destitución o inhabilitación definitiva de los docentes o personal administrativo con condenas. Al respecto, la titular de Educación, señaló que en el sector están convencidos de la necesidad de “separar la paja del trigo”.
Lima tomada
Por su parte, los maestros se volvieron a apostar en las principales calles de Lima, desde la avenida Abancay hasta la Plaza San Martin, ocupando el carril con sentido de norte a sur. Agentes de la Policía Nacional cerraron el jirón Ucayali para impedir el paso de los docentes.
Aunque no hubo mayores hechos de violencia, lo que sí se repitió fue el aumento de la congestión vehicular en el Centro Histórico, como consecuencia de las movilizaciones que obligaron a los conductores a circular por una serie de desvíos.
Fastidio en comercios cercanos
La huelga no solo causa malestar entre los estudiantes y padres de familia, sino también en los locales del Centro Histórico, especialmente los ubicados en la avenida Abancay. “Hace dos semanas estamos en la misma situación. No hay venta, la gente ya no viene porque tiene miedo”, contó Luz Julián Villa, quien indicó que sus ventas disminuyeron en un 50%.
Similar es la situación de Víctor Morales, que reclamó al Gobierno la aplicación de castigos severos contra los docentes. “Hace un año metieron a la cárcel a esa mujer que golpeó a un policía. Ya pues, lo mismo debería pasar aquí. A los policías les han tirado botellas, piedras, ¿por qué no los meten presos?”, increpó. En ambos casos, comentaron que tienen que cerrar sus comercios a partir de las 2 p.m.
“ESTO ES UN MERCADO”
Como en días anteriores, decenas de carretilleros ocuparon el centro de la Plaza San Martín, ofertando gran variedad de comida (lomo saltado, cebiche, pescado frito, etc.), libros e incluso fruta. “Está peor que La Parada, dejan todo hecho un basural”, comentó Carlos Caldas, un vendedor formal de la plaza. “Viene gente de otro país y ve toda esta suciedad. Somos seres humanos, comprendemos la necesidad que tienen, pero me parece que ya es un abuso”, sostuvo un vecino.
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