A inicios del mes, la candidata presidencial Keiko Fujimori remarcó que todos sus candidatos al Congreso habían pasado por rigurosos filtros antes de sus respectivas designaciones a nivel nacional. Pero parece que el proceso no fue del todo efectivo.
Diario Exitosa tuvo conocimiento de que Wuilian Monterola Abregú, que va a la reelección por Fuerza Popular en Huancavelica, se encuentra implicado en un polémico caso en el Ministerio Público, que involucra seriamente a su entorno familiar.
Lavado de dinero
El año pasado, la Cuadragésima Octava Fiscalía Provincial Penal formalizó denuncia contra Rosana Gloria Monterola Abregú, hermana del referido legislador, y su sobrino Julio Yreno Monterola, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y ocultamiento en agravio del Estado, así como del delito contra el patrimonio y la fe pública.
Según la denuncia, Rosana Monterola Abregú, Mabel Rázuri Balarezo, Paulo Huertas Fernández y Mirta Varas Quesada están investigados como presuntos ‘testaferros’ del congresista Wuilian Monterola Abregú.
De acuerdo a la carpeta fiscal N.° 669-2013, los mencionados parientes de Monterola transfirieron, escondieron y mantuvieron en su poder 300 mil, 500 mil y 10 mil dólares, montos que fueron usados ‘en actos jurídicos denominados de mutuo hipotecario y dación en pago, celebrados entre estos’.
Esta modalidad no es novedosa, pues ha sido empleada por otros grupos empresariales cuyas conductas se encuentran criminalizadas y están sujetos a investigación, tanto a nivel preliminar y judicial.
Proceso pendiente
Por último, en la página 17 de la mencionada denuncia se señala que el parlamentario Monterola Abregú, por su investidura, no puede ser procesado ahora, pero deja claro que la citada Fiscalía “remitirá copias certificadas al señor Fiscal de la Nación, a efectos de que se proceda conforme a sus atribuciones”.
Contra el Estado
Además la gravedad vendría porque en ambos casos se afecta los escasos recursos de instituciones del Estado peruano”, agrega Marcos Villalta Infante, fiscal provincial del caso.
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