“ ELECIONES 2016: La plata de los candidatos”

• de la Puente

 Carlos de la Puente

Nunca antes en una campaña electoral en el Perú tantos can­didatos se habían sentido con tanta libertad para ha­blar de la plata, de su plata concretamente.

Ya sabemos que César Acuña ha declarado ingresos anuales por 50 millones de soles y algo más. José Luna, candidato a vicepresidente por Solidaridad, ha anuncia­do que gastará, de su pla­ta, un millón de dólares en la campaña electoral y Pe­dro Pablo Kuzcynski ha di­cho, más o menos, que na­die debe avergonzarse de ser rico y que todos debe­mos aspirar a eso.

Estos tres hechos, inima­ginables en alguna campa­ña anterior, parecen dar­le la razón a los que dicen que en la cultura política en el Perú ha habido un cam­bio en la tendencia ideo­lógica de la mayoría hacia la derecha. Creer en la su­perioridad moral y prácti­ca de la economía de mer­cado implica aceptar que los millonarios no son ne­cesariamente una clase de monstruos morales, como lo pensaba la izquierda pe­ruana de hace unos años o como lo piensan aún algu­nos izquierdistas.

En el caso de Acuña, re­sulta difícil pensar que esta claridad para hablar de su dinero y de su bonan­za como empresario no ha pasado por el filtro de Luis Favre, su exitoso asesor en marketing político que está hasta ahora invicto en nuestro país. No es desca­bellado pensar que se trata­ría de una especie de gam­bito para que los demás candidatos lo ataquen en este punto. Si esto ocurrie­ra, Acuña puede contraata­car al decir que la fuente de su dinero es conocida –las universidades– y al pregun­tarles a sus adversarios, no solo a Kuzcynski sino tam­bién a Fujimori y a García, cómo sostienen el nivel de vida que tienen. Esta estra­tegia podría funcionar solo, claro está, si Acuña puede derrotar convincentemente las insinuaciones que le ha­cen sus rivales sobre un ori­gen turbio de su fortuna.

La prensa independien­te en el Perú debe ayu­dar a que la discusión, so­bre todo la concerniente al patrimonio de los can­didatos, sea clara y since­ra para evitar que las de­claraciones de bienes, que deben hacer los polí­ticos que aspiran a un car­go, no sean las farsas que han sido hasta ahora en la mayoría de los casos.