De acuerdo con la especialista, la máxima instancia judicial no dispuso (en abril pasado) que se cierre el proceso, sino que este regrese al Ministerio Público por una cuestión formal, pues la acción penal en el caso de Chacón, al ser funcionaria pública, debía ser ejercida por el propio fiscal de la Nación, y no por un fiscal anticorrupción, como ocurrió.
“Lo cuestionable acá es que la número uno de Fuerza Popular al Congreso por Lima es una persona que actualmente es procesada por enriquecimiento ilícito, que su último estado jurídico a nivel judicial fue ser condenada a tres años de prisión, y ahora se encuentra a la espera de la respuesta de la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación en relación al desbalance patrimonial (de casi un millón de dólares) que se le encontró en su momento”, aseveró.
SECRETARIO EN LA MIRA
Por otro lado, trascendió que la jueza de Investigación Preparatoria de la provincia de Chepén (La Libertad), Liana Argomedo Pérez, aprobó el pedido de la Fiscalía para que se levante la inmunidad parlamentaria de Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Social, por la presunta apropiación de un terreno de 1,183 hectáreas, motivo por el cual la Comunidad Campesina de Chepén lo denunció.
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