Hasta hoy ninguno de los diecinueve candidatos que participarán en las elecciones generales ha presentado un plan anticorrupción serio, articulado y sistémico. Ni siquiera han colocado entre sus prioridades el discurso de una política de ética pública que señale cuáles son los efectos de la corrupción en el ciudadano, para acercarlo al convencimiento de la diferencia entre un Estado sin ella y otro con su presencia marcada en cada acto administrativo.
Eso puede tener que ver con que, a pesar de que la corrupción es uno de los problemas principales del país, según distintas encuestas de percepción, es muy difícil aterrizar sus efectos. Es decir, el Estado, para el ciudadano de a pie, suele ser una entelequia lejana, una estructura ajena, cuya descomposición nos alcanza únicamente en las noticias. Entonces es más que seguro que los directores de las campañas omitan estratégicamente estos temas que no ofrecen réditos.
Nadie, ni siquiera quienes representan las candidaturas más progresistas, han sostenido que hay corrupción en la falta de acceso a servicios básicos (agua, educación, salud, justicia, vivienda). A nadie se le ha ocurrido presentar el diagnóstico como uno de permanente y profunda abdicación de la obligación del Estado de asegurar el disfrute real de derechos fundamentales.
Por eso es importante recordar que esta semana será vital para escuchar a los candidatos sobre este tema. El lunes y el martes estarán todos ellos en Proética, exponiendo el capítulo de corrupción de cada uno de sus planes de gobierno. El viernes, el colectivo La Junta ha preparado un foro para discutir también este tema, y será de vital importancia que todos estemos atentos.
El primero de los eventos empieza hoy lunes a las 9:00 a.m. en la Universidad del Pacífico, y el segundo será el viernes a las 6:30 p.m. en el Hotel La Princesa de Lince.
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