Con una nueva correlación de fuerzas, nunca vista en 17 años, la Asamblea Nacional de Venezuela se instalará este martes bajo el control de la oposición que asegura que tendrá entre sus prioridades la contraloría del gobierno lo que presagia tiempos de choques entre los poderes en el país suramericano que está sumido en una profunda crisis económica.
La instalación del nuevo Congreso se da en medio de tensiones e incertidumbre ante los riesgo de posibles manifestaciones callejeras y la reciente decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia que suspendió la juramentación de tres diputados opositores y un oficialista del estado sureño de Amazonas, sentencia que la coalición opositora se niega acatar alegando supuestos vicios legales en un abierto reto al máximo tribunal que controla el oficialismo.
La oposición y los sectores aliados al gobierno convocaron este martes a marchas separadas en el centro de la capital, mientras grupos pro-oficialistas, conocidos como "colectivos", han llamado a tomar los alrededores del parlamento en defensa de la "revolución", situación que ha elevado tensiones en torno a la instalación de la Asamblea Nacional.
El presidente venezolano Nicolás Maduro hizo la noche del lunes un llamado a que el nuevo Congreso se instale en paz y se respeten los poderes públicos, y anunció que las autoridades tomarán las acciones para garantizar el orden en las calles durante las dos marchas.
Maduro aprovechó un acto en el palacio de gobierno para atacar a la mayoría opositora a la que acusó de buscar la desestabilización el país, y le pidió no bloquear un posible decreto de emergencia nacional que anunciaría próximamente para hacer frente a la crisis económica dominada por una galopante inflación que los analistas estiman que ya alcanzó los tres dígitos; severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, y una contracción del aparato productivo.
Desde el mes pasado el oficialismo emprendió una serie de acción para contrarrestar a la mayoría opositora con la instalación de un parlamento comunal nacional, la designación por parte del congreso saliente de 13 magistrados del máximo tribunal y la suspensión de cuatro diputados electos.
Más recientemente Maduro aprobó, gracias a una ley habilitante, un paquete de leyes que incluye una reforma de la ley del Banco Central de Venezuela que le quitó al congreso la potestad para nombrar directores del organismo y dejó esa atribución en manos del gobernante, y que limitó la difusión de la información estadística. Desde hace más de un año el BCV no ha informado sobre el comportamiento de la inflación y la economía.
La coalición opositora logró en las elecciones del 6 de diciembre 112 de los 167 escaños lo que le garantiza una mayoría calificada que le permitirá convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo, y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo.
Por su parte, el oficialismo, que por tres lustros había dominado el congreso con amplia mayoría, contará con 55 diputados.
De concretarse la suspensión de las juramentaciones de cuatro diputados la composición del Congreso podría sufrir cambios aunque la oposición mantendría su mayoría calificada.
Fuente: AP
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