sábado, 2 de enero de 2016

Cualquier documento que firme Cotillo es ilegal

DEBE DEJAR RECTORADO. SAN MARCOS QUEDARÁ CON RECTOR INTERINO
Pedro Cotillo
Pedro Cotillo
Cualquier documento que el exrector de San Marcos, Pedro Cotillo, firme será considerado ilegal porque, según la nueva Ley Universitaria, dejó de ser autoridad el 31 de diciembre y no tiene ningún elemento legal para quedarse en la Universidad.
Mientras se hagan las elecciones en San Marcos, la universidad puede tener una autoridad interina. Cotillo dijo que enviará títulos firmados por él a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y que los alumnos se perjudicarán.
Según especialistas, Cotillo puede enviar lo que quiera a Sunedu y este ente los rechazará y además tiene el derecho de denunciarlo por graves delitos. “Los alumnos no se perjudicarán, porque la cosa es simple. Todo lo que firme Cotillo es ilegal”, dijo.
Cotillo y otros rectores trataron de pasar por alto la Ley. Recurrieron al Congreso y el Parlamento les cerró la puerta. Recurrieron al Tribunal Constitucional y este ente tampoco les hizo caso y recientemente la Corte Superior declaró infundadas demandas de autoridades universitarias, entre ellas, Cotillo.
El Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundadas las demandas realizadas por la Universidad La Cantuta y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que solicitaban que la Guía de la Sunedu sea declarada inaplicable a fin de mantener a sus autoridades hasta el año 2017.
El texto, además, exhorta a los funcionarios públicos demandantes a que cumplan la Ley Universitaria de manera inmediata, a fin de no perjudicar a sus universidades y la comunidad. De igual forma, señala que la Sunedu deberá actuar con firmeza y hacer respetar su autoridad que se encuentra dentro del marco constitucional vigente.
La Superintendente Nacional de Educación Superior Universitaria, Lorena Masías, saludó que en estas audiencias se haya reconocido, una vez más, la constitucionalidad de la Ley Universitaria y con ello el derecho de los estudiantes de todo el Perú a una educación superior universitaria de calidad.

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