El largo camino de la calidad universitaria
Por Juan Sheput
Hay temas en los que es preferible mirar el vaso medio lleno antes que medio vacío. Que requieren de madurez y apertura para analizar el desarrollo de los hechos. Uno de estos temas, por su gravitación, es la educación y por ello es importante el resultado obtenido en la Comisión respectiva del Congreso en relación a la denominada “Ley Cotillo” en la cual el archivamiento del proyecto de ley aprista ha sido mandado al archivo por unanimidad.
El logro de la nueva Ley Universitaria tiene que verse desde una perspectiva mucho más amplia, pues tiene todos los componentes para ser emblemática. Demuestra cómo el poder, bien conducido, puede lograr efectivas reformas. Me explico. Cuando dos poderes constituidos se unen para sacar adelante una reforma sustancial, esta se puede hacer, dejando en el camino a diversos poderes fácticos como algunas universidades, rectores que se quieren atornillar, algunos medios de comunicación y partidos dependientes de la dádiva monetaria que proviene de la pensión de los alumnos. En ese sentido el congresista Daniel Mora y el ministro de Educación Jaime Saavedra han podido ganar esta batalla, que ha significado la nueva Ley Universitaria. Los dos han tenido que actuar coordinadamente. Sin desmerecer al ministro Saavedra, considero que el papel de Daniel Mora ha sido descollante y por tanto es digno de reconocer. Se ha enfrentado a colegas parlamentarios defensores de intereses económicos y con fuerza en el cabildeo y los ha podido derrotar, con argumentos y temperamento, atributos que brindan a la defensa de una propuesta justa una mezcla explosiva. Es cierto también que sin el apoyo político del presidente Humala el ministro de Educación no habría tenido la fuerza suficiente para impulsar la reforma y la bancada oficialista no hubiera acompañado a Daniel Mora. Todos ellos tienen, por supuesto, gran mérito en este propósito.
Es cierto que ha habido antecedentes de este comportamiento coordinado entre dos poderes del Estado. Se dio cuando durante el gobierno de Alejandro Toledo se pudo cerrar la nefasta Ley 20530 que nivelaba las pensiones con los sueldos de trabajadores activos. Hoy no sería posible ningún tipo de aumento de sueldo en el Estado de seguir vigente ese dispositivo.
Ahora se requieren dar más pasos en aras de la calidad universitaria. Tanto daño hacen los rectores atornillados en la universidad pública como en las privadas. Las universidades tienen un fin noble y de ninguna manera debe permitirse que se conviertan en un vulgar negocio.
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