PERU: Juicios como cancha, por Cecilia Valenzuela

• Si estos tres políticos son inocentes, que se comprometan a dejar leguleyadas y nos garanticen que no interpondrán recursos

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• Cecilia Valenzuela
• Periodista

“Yo tengo juicios como cancha”, me dijo el candidato César Acuñaen la última CADE. ¡Y plata!, añadí. “Juicios y plata como cancha”, concluyó él, levantando su mano derecha en señal de abundancia. Le había preguntado sobre la denuncia por lavado de activos que pesa sobre él y sus más estrechos colaboradores en la Municipalidad de Trujillo. La policía y la fiscalía especializadas en delitos de ese calibre afirman que Acuña y sus regidores usaron testaferros para crear las empresas que ganaron las licitaciones para las obras que se hicieron durante su largo mandato como burgomaestre.

El canon que se reparte entre el gobierno regional y los gobiernos provinciales de La Libertad no es poca cosa –es una región rica, sobre todo por su alta producción de oro–, y las autoridades que investigan la corrupción y el lavado de dinero, en el ámbito nacional, acusan al líder de Alianza Para el Progreso de haberse dado maña para quedarse con buena parte.

Una hora antes de que César Acuña se sometiera al panel que me tocó integrar, la periodista Patricia del Río, integrante del otro grupo de interpeladores, le preguntaba a Keiko Fujimori sobre la denuncia por lavado de activos que la procuraduría especializada en investigar ese delito formuló contra el secretario general de su partido, el cajamarquino Joaquín Ramírez. El equipo de procuradores sostiene que Ramírez y sus familiares han realizado operaciones económicas, adquisiciones de inmuebles y actividades comerciales inusuales. Esa certeza ha sido validada por la fiscalía el último lunes, y un fiscal especializado ha pedido que se levante la inmunidad parlamentaria de la que goza Ramírez.

En el mismo escenario, en CADE electoral, el candidato Alejandro Toledo se mostraba ofendido cuando, en la rueda de prensa que ofrecía, le preguntaron sobre Ecoteva y la denuncia por lavado de activos que enfrenta por no poder explicar, convincentemente, de dónde sacó los más de cinco millones de dólares con los que pagó hipotecas y compró casa y oficina de lujo en Surco.

Los tres políticos denunciados han pasado por el ojo de la procuraduría, la policía y la fiscalía especializadas. En los tres casos, las autoridades que los han denunciado han recibido información de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, porque ninguno de ellos ha podido justificar la magnitud de sus bienes o de sus ingresos. Aunque dos de ellos usen como tapada el negocio de la universidad propia.

¿Qué pasaría si alguno de ellos ganara la presidencia o llegara al Congreso? Podría asumir su cargo porque la ley solo se lo impide si ha sido condenado, y haría uso de la inmunidad que la Constitución le garantiza y que fue concebida en defensa de la democracia, para que un gobierno autoritario no pudiera, jamás, utilizar la justicia para perseguir a sus opositores.

Por qué frente a una situación excepcional como esta la presidencia del Poder Judicial no convoca a acusados, acusadores y jueces, y les propone apurar las sentencias. Con el compromiso expreso de las partes, las sucesivas salas podrían revisar los casos de manera sumaria y determinar culpabilidad o inocencia antes de que los ciudadanos vayamos a votar.

Si estos tres políticos son inocentes, que se comprometan a dejar de lado las leguleyadas y que nos garanticen que no presentarán recursos para obstaculizar los procesos y alargarlos. Los jueces encargados se concentrarían únicamente en resolver sus casos, se librarían de sus presiones y estarían alejados de sus encantos.