domingo, 3 de enero de 2016

Crisis judicial y (des)composición del CNM

En 2015, el Poder Judicial mostró crudamente sus falencias. Especialistas piden una reforma judicial y cambios en la manera de elegir a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
Palacio de Justicia
Palacio de Justicia
Henry Cotos Campeán
Diario UNO
-El escandaloso fallo judicial favorable a Alan García y el sainete escenificado por el Consejo Nacional de La Magistratura (CNM) al reponer al consejero Alfredo Quispe Pariona, pese a acusaciones de corrupción y acoso sexual, y luego destituirlo por presión de la indignación pública, mostraron en toda su crudeza en 2015 la grave crisis que afecta al sistema de justicia.
Lo que sucedió con el caso Narcoindultos fue un verdadero escándalo porque García obtuvo un fallo favorable de un juez con evidentes intereses que éticamente y legalmente le impedían ver el caso.
SU JUEZ
El voto del juez Jesús Manuel Soller Rodríguez, que dispone el archivamiento de todo lo actuado por la Megacomisión y hasta informes de ésta ya aprobados por elpleno del Congreso, jamás podrá considerarse resolución definitiva y ahora será visto por el Tribunal Constitucional ante el recurso de agravio constitucional que ha planteado la procuraduría del Congreso.
Soller fue nombrado juez por el propio Alan García cuando los nombramientos eran políticos. Alan García fue su padrino de doctorado en la U. San Martín de Porres. La esposa de Soller y sus tres hermanos son militantes apristas. Su hermano Luis Felipe Soller es incluso dirigente.
Según ley, un juez con parientes hasta el 4to grado de consanguinidad que estén relacionados a una de las partes del proceso, está prohibido de intervenir en él. Igual si sus parientes hasta el 4to grado tienen o han tenido algún interés o vínculo con una de las partes del proceso *(Art. 40, inciso 11, Ley de la Carrera Judicial). Incluso la OCMA le abrió un proceso disciplinario el 8 de setiembre de este año, luego de la queja presentada por el IDL.
Alan García
“HOMBRE PROBO”

Alan García
Lo que Alan García buscaba con los magistrados bajo su influencia es que no se le investigue por el caso de los narcoindultos y que no se tome en cuenta lo avanzado en la Megacomisión. Recordemos que en una sesión reservada de la Mega, Alan García dijo que pondría las manos al fuego por Miguel Facundo Chinguel, quien años atrás había sido su apoderado legal.
Acusado de ser coautor de una red de indultos a narcotraficantes a cambio de dinero, Chinguel entró a prisión en junio del 2013 por los delitos de cohecho pasivo propio y asociación ilícita, mientras el firmante de cada uno de esos indultos, Alan García, sigue impune. García llegó a confesar que trabajó “miles de horas durante cientos de noches solamente con el secretario del consejo de ministros que me alcanzaba los expedientes porque esto es responsabilidad del presidente…”.
García interpuso un amparo aduciendo que la Megacomisión no le detalló los tipos penales que se le imputaban y que esos eran “requisitos mínimos”. Pero el TC (Exp. N° 04968-2014-PHC/TC) ya ha fijado posición respecto de la naturaleza procesal de los mecanismos de control político: “no se puede exigir a una comisión investigadora que emita una notificación tipificando delitos” por ser “una entidad de indagación inicial”. Por todo ello el voto del juez Soller que salva a García es una afrenta a la justicia.
CNM CUESTIONADO
El sistema de justicia mostró EN 2915 su lado más débil con la instalación del nuevo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros tienen serios cuestionamientos, pues a raíz del vergonzoso caso de Quispe Pariona, importantes organizaciones no gubernamentales y especialistas de todas las tendencias consideran que deben ser cambiados.
Pese a ello y a invocaciones de organizaciones y personalidades jurídicas para que se abstenga de designaciones, dos días antes de Navidad el desprestigiado CNM designó juez de la Corte Suprema a Ángel Romero Díaz, aprista sin lugar a duda, pues antes de ser magistrado se desempeñó nada menos que como personero electoral de Alan García.
En ese preocupante contexto, el director de Proética, Walter Albán, plantea que es necesario que se cambie la forma de elección de los miembros ese organismo, para mejorar su composición.
LENTITUD EXTREMA
Por otra parte, como una muestra de que las cosas no van bien en el Poder Judicial, el 2015 la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) concluyó 610 procesos disciplinarios contra magistrados y 32 jueces fueron expulsados en horma definitiva.
La carga procesal peruana ha pasado de los tres millones de expedientes en trámite y cada año aumentan 200 mil causas sin resolver. El espiral de la carga sin resolver se está disparando y si no median soluciones drásticas, el año 2019 se podría tener más de 2 millones y medio de expedientes demorados.
Un informe de la Gaceta Jurídica sostiene que los procesos civiles demoran cuatro años más de lo previsto en las leyes y algunos pueden durar hasta 10 años, mientras que el proceso de hábeas corpus –una garantía esencial que por su naturaleza debe ser tramitada con rapidez– demora hasta un año y 8 meses en lugar de los 45 días esperados.
CRISIS DEL CNM
El jurista Carlos Rivera, del IDL, sostuvo que el hecho que el OCMA haya sancionado a 669 jueces quiere decir que hay un problema de envergadura en el sistema de justicia, por el incumplimiento de deberes, el desconocimiento de la ley y su aplicación incorrecta de la ley y por actos de corrupción.
“Esto refleja la calidad de jueces que tenemos. Se debe a que hay problemas en el nombramiento de los profesionales o en la preparación de estos. Esto ya no es solo un problema de la OCMA, sino también del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene que haber reformas en el proceso de selección y nombramiento de los magistrados. Además, se debe implementar una nueva reforma procesal penal en Lima”, aseguró.
Jose Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, dijo observar con preocupación la situación del CNM y añadió que el modelo que se eligió hace algunos años para conformarlo no ha funcionado. Antes, los candidatos eran elegidos en el Congreso y luego le presentaban una terna al presidente de la República, quien elegía a uno a su libre albedrío. Se dieron muchos casos de jueces proclives a ser completamente complacientes con el poder político.
El saliente decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, dijo que es “preocupante” que tantos magistrados hayan sido sancionados. “Es una cifra bastante alta. Hay que tener en cuenta que el Poder Judicial es muy cuestionado y estas cifras afectan la imagen y la credibilidad de la institución”, remarcó.
EVA BRACAMONTE
EVA BRACAMONTE
Pasó cinco años presa y sin culpa
Después de casi 10 años de juicio en el que fue sindicada como autora intelectual, lapso en el que pasó cinco años en la cárcel, finalmente la justicia absolvió a Eva Bracamonte de la acusación por el asesinato de su madre, Miriam Fefer, ocurrido el 15 de agosto de 2006.
La Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel rechazó el pedido de la Fiscalía de 35 años de prisión para la joven estudiante e hija de la empresaria, al considerar que no existen pruebas que determinen la responsabilidad de Bracamonte en el hecho.
El tribunal consideró que la relación conflictiva entre Eva y su madre, “no era suficiente para concluir eso que eso motivó el crimen” ni para probar que habría contratado al sicario que asesinó a su madre, hipótesis con la que cierta prensa sensacionalista presionó para que fuera encarcelada y acusada.
Con esto, Bracamonte Fefer queda en libertad, y se acaba todo el calvario vivido. Lo que nadie le devolverá son los años perdidos.
Gregorio Santos
Casos emblemáticos que están pendientes en el Poder Judicial
Bajo una lenta administración de justicia, algunos procesos emblemáticos han quedado pendientes de solución este año y deberán resolverse en 2016, por lo que son objeto de mucha atención de la opinión pública.
Entre ellos está el caso Orellana, que está cargo de la fiscal Marita Barreto Riofano, que se debe estar resolviendo en marzo del 2016. Al cierre del año judicial, la fiscal está por concluir algunos acuerdos de colaboración eficaz con diversos testigos protegidos, que serán piezas vitales en los juicios por venir a la organización de tráfico de terrenos, propiedades, laudos arbitrales y cartas fianzas que dirigían Rodolfo y Ludith Orellana.
Otro caso es el de Gregorio Santos, que debe concluirse en febrero, justo antes de las elecciones en la que Santos, quien se ha declarado inocente y dice ser preso político, participará como candidato por el Partido Democracia Directa, de los fonavistas.
La prisión preventiva de Santos vence el 24 de julio, por lo que, de ser elegido podrá asumir el cargo, a diferencia de lo que sucedió cuando fue reelegido gobernador de Cajamarca. Al estar en prisión no pudo jurar. Ahora, estará libre para jurar en julio. O, más probablemente, para asumir como gobernador regional de Cajamarca.
También está pendiente que los acusadores del empresario Martín Belaunde Lossio, bajo prisión preventiva, demuestren los cargos de supuesto complicidad con el delito de peculado y otros que le imputan y de los que se ha declarado inocente.
En las próximas semanas se podría destrabar el impase entre el Poder Judicial y la Fiscalía por el caso Ecoteva, que parece haber liquidado la vid a política de Alejandro Toledo La fiscal Manuela Villar deberá sustentar en audiencia pública las pruebas fehacientes de que en el asunto hay lavado de activos, como sostiene el fiscal-
De existir tales pruebas, el juez Abel Concha podría disponer el inicio de la investigación judicial a Toledo y sus familiares y colaboradores por los fondos millonarios usados por su suegra belga para compras inmobiliarias y proveídos por el millonario y exagente de inteligencia israelí Yosef Maiman, versión que no termina de convencer a la Fiscalía.
ADEMÁS
Muchos juristas critican la aplicación desmedida de la prisión preventiva, que tiene presos, sin juicio y hasta sin cargos concretos, a acusados de delitos cuya condición se debe en buena parte a presiones o maniobras políticas y mediáticas, que ha desvirtuado esa medida excepcional, generalizándola y convertiéndola en una condena a priori

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