El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha declarado improcedentes la modificación de los estatutos y la inscripción del nuevo Tribunal Nacional Electoral del grupo político Todos por el Perú que postula a la Presidencia de la República a Julio Guzmán.
Según esta instancia del JNE, la asamblea general extraordinaria de Todos por el Perú, en la que se modificó el estatuto del partido que se utilizó para ejecutar las elecciones internas no es válida debido a que no fue convocada con la anticipación mínima de 15 días hábiles. Del mismo modo, el partido de Guzmán no acreditó que dicha asamblea haya sido instalada con no menos del 20%, detectando que 9 de los asistentes no eran afiliados al partido.
La conclusión del ROP es que si la elección del Comité Ejecutivo Nacional, máxima instancia del partido, y del Tribunal Electoral, se realizó aplicando un estatuto no válido en una asamblea que tampoco es válida, las autoridades partidarias no pueden ser reconocidas ni inscritas. De allí se infiere que la elección de Guzmán como candidato presidencial tampoco sería válida.
Es cierto que esta resolución es apelable y que como ha señalado el ROP las observaciones a los estatutos y al cambio de color del símbolo del partido fueron comunicadas a la agrupación de Guzmán en diciembre pasado. También es cierto que el partido aludido ha respondido que su estatuto establece un tiempo de la convocatoria a la asamblea general y que esta fue convocada dentro de ese tiempo.
Esta controversia legal entre un ente administrativo y un organismo administrado es una más de miles que suceden en el país con el añadido de que se produce en el contexto sensible de una campaña electoral compleja. Al parecer, el ROP ha operado en base a un legalismo que ha terminado por generar más zozobra en una campaña electoral de por sí agitada.
El jefe del ROP ha salido a los medios a rechazar las acusaciones del partido de Guzmán en el sentido de que hay una “mano negra” que pretende perjudicarlo y se ha mezclado en la disputa política perdiendo la posición objetiva propia de su función.
Esta posición ha servido de cobertura y sostén a quienes afirman que las leyes son para cumplirlas dando por hecho que Todos por el Perú las ha incumplido, sin tomar en consideración la versión de este grupo político. Así, los opositores a Guzmán, que lo quieren ver fuera de carrera electoral, acaban de aliados de una instancia electoral que pugna por hacer valer su resolución en el debate político en lugar de guardar mesura y respeto por la instancia superior.
Esa instancia es el pleno del JNE con 5 miembros y donde cada voto vale igual que los otros. Se espera que cuando resuelva este asunto, este organismo electoral, la máxima instancia en la administración de la justicia electoral falle a partir del criterio de que una disputa administrativa entre un órgano inferior y un partido no puede servir para retirar de la competencia a un grupo político ya inscrito y en plena campaña electoral. Los que están en la cancha tienen que jugar el partido.
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