César Lévano
Alan García es sincero. Ayer, tratando de minimizar la amenaza de muerte contra Francisco Távara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, explicó: “El que quiere matar, mata, no amenaza. Es una cosa que todos entendemos y conocemos”.
¿Todos? El que sí conoce es él, que ordenó matanzas como las de las prisiones en 1986. Sobre esta tragedia hay el testimonio abrumador de Mario Miglio, hombre de derechas del equipo de Beltrán. En su libro Mi paso por el periodismo (editora Realidades S.A., Lima, 2000, páginas 89/90), Miglio incluye la carta que el 7 de noviembre de 1990 dirigió a Alejandro Sakuda, entonces director de La República.
El personaje que telefoneó a Miglio desde Nueva York fue, reveló Miglio, Manuel Ulloa, quien había recibido desde Lima la revelación por teléfono de Luis Gonzales Posada, ministro de Justicia de Alan García.
Reproducimos enseguida la carta de Miglio que demuestra que, efectivamente, el que quiere matar, mata.
“Me refiero a las declaraciones del diputado Ernesto Gamarra Olivares formuladas anoche en la Cámara de Diputados sobre la conversación que sostuviera con el señor Nicanor Gonzales y que publica hoy el diario de su digna dirección.
“Al respecto quiero manifestar que yo también conozco la misma versión de labios del propio señor Gonzales sobre las llamadas telefónicas que hizo el ex presidente García Pérez, desde Palacio de Gobierno, la noche de los condenables sucesos que culminaron con el asesinato masivo de los reclusos de Lurigancho y El Frontón.
“Escuché la versión del señor Gonzales hace más de tres años, en una reunión social y en compañía de otras personas. En esa oportunidad el señor Gonzales afirmó que había registrado el hecho en previsión de lo que podría ocurrir. No recuerdo si mencionó un casete o un documento escrito, pero sí, que añadió que lo había depositado en una Notaría Pública.
“Creo, asimismo, pertinente relatar otro episodio sobre el mismo tema que corroboraría la actitud del ex presidente García Pérez en la víspera de la masacre. La noche del 18 de junio de 1986, estando yo de visita en la ciudad de Washington, recibí desde Nueva York, una llamada telefónica a través de la cual me enteré del motín en los penales y de la decisión del gobierno de emplear la violencia contra los reclusos esa misma noche. La persona que me llamó desde Washington es un amigo y destacada figura política. No recuerdo con precisión las frases que utilizó pero ellas me hicieron suponer que se procedería a la liquidación de los reclusos.
“La información que me proporcionó mi amigo desde Nueva York se basaba en una previa llamada telefónica que le había dirigido desde Lima el entonces ministro de Justicia, Luis Gonzales Posada”.
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