ENTREVISTA. Excongresista Daniel Mora denuncia maniobras del legislador aprista Mauricio Mulder contra la nueva ley universitaria y en oposición a que se intervenga la universidad Inca Garcilaso de la Vega.
LUIS REVOREDO
Las persistentes presiones y maniobras para echar abajo la Ley Universitaria son analizadas por el principal de sus impulsores, el exparlamentario Daniel Mora, quien se refiere en particular a las ilegalidades y abusos que se registran en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y su rector, Luis Cervantes Liñán.
Menciona que en esa universidad privada, por ejemplo, se está otorgando título de bachiller a egresados de otras universidades, algo que la nueva ley no permite, lo que constituye una virtual estafa.
Igualmente llama la atención sobre el control que el Apra tiene de varias universidades como San Luis Gonzaga de Ica, Simón Bolívar y Federico Villarreal, que son como feudos del partido de Alan García.
—Hay nueva Ley Universitaria, pero qué va a ocurrir con algunas universidades particulares privadas que también tienen problemas internos bastante serios, como la universidad Inca Garcilaso de la Vega cuyo rector, Luis Cervantes Liñán, gana cerca de dos millones de soles mensuales y sigue en su puesto.
—Eso ocurre porque maneja la asamblea universitaria como le da la gana; es una universidad sin fines de lucro, que está exonerada de todos los impuestos, se ha denunciado, pero en realidad hay un Ministerio Público y un sistema judicial corrupto, que no ha dejado hacer nada; por otro lado, la ONPE no quiso controlar los procesos, y ello ha originado todo esto, pero en realidad no se trata de una universidad pequeña, es una universidad que tiene como 50 mil alumnos, según declaraciones, y una universidad que tiene esa cantidad de estudiantes no es pequeña, pero la calidad de educación superior que se brinda allí deja mucho que desear.
—Inclusive hay gente que ha estudiado en otras universidades y que iban allá solamente a titularse.
—Eso ya no pueden hacerlo.
—Claro, a partir de esta nueva ley se supone que ya no pueden hacerlo, pero…
—Desde julio de 2014 no pueden, y ese es el gran error que menos mal la Sunedu lo ha corregido porque la universidad Inca Garcilaso de la Vega ha comenzado a titular a bachilleres de otras universidades y eso está prohibido por ley. Esos títulos no van a ser reconocidos por la Sunedu, y creo que hay más de mil profesionales que están en esa situación.
—¿Después de la ley?
—Sí, después de la ley.
—¿Ahí va a haber problemas entonces?
—Ya son muchos los que me han llamado, profesionales egresados con un curso que ha dado la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por el cual les ha cobrado no sé cuantos miles de soles, pero cuando han ido a la Sunedu este organismo no ha reconocido esos títulos porque está prohibido titularse en una universidad diferente a donde se estudió.
—Bueno, pero para hacer todo esto el rector Cervantes Liñán debe haber tenido un apoyo muy grande, ¿quiénes podrían ser los que lo están respaldando?
—En el Parlamento se conformó una comisión investigadora, cuyo informe, donde figuran todos los estropicios que se ha hecho en esa universidad (Garcilaso de la Vega), está colgado en la página web del Congreso de la República y este informe se entregó al Ministerio Público, el fiscal de la Nación que estaba en esa época era Carlos Ramos Heredia. Entonces, dijeron que iba a ser vinculante y nunca lo hicieron vinculante.
—Entonces, en la práctica no prosperó esa denuncia.
—La aprobó el Congreso, el Pleno hasta aplaudió la investigación, pero a la hora de los loros no ha hecho nada y el Congreso mismo impidió que se interviniera esta universidad. Era presidente del Legislativo en ese entonces el congresista Luis Iberico, quien tampoco quería la intervención. Los fujimoristas tampoco querían la intervención, Martha Chávez ha enseñado allí y es madrina de varios locales de la universidad Garcilaso de la Vega. También Martín Belaúnde Moreira que trabajaba allí, y el legislador Santiago Castañadui, así como otra gente de la bancada que después trabajó allá.
Mulder conspira contra la ley.
—¿Y del Apra también se recibió apoyo a favor de la Universidad Garcilaso de la Vega?
—Del Apra está Mulder, pues, y Velásquez Quesquén, porque primero fueron los fujimoristas y después el Apra que emprendieron una campaña en contra de la nueva Ley Universitaria, pero sobre todo el señor Mauricio Mulder. Él inclusive habría sido apoyado desde la universidad Inca Garcilaso de la Vega en su campaña electoral, según las redes sociales.
—A propósito de eso, hubo una denuncia periodística en la que un exdecano de la facultad de contabilidad dijo que Cervantes Liñán les había pedido que hicieran una bolsa para la campaña de Mauricio Mulder…
—Eso fue, pues, lo que he leído en las redes sociales. Así es, hay muchas universidades que las gobierna el APRA. Están la universidad Simón Bolívar, la universidad San Luis Gonzaga, la Villarreal, entre otras, que han sido coto de apristas
—¿Qué otras universidades están vinculadas a partidos como el Apra?
—No tengo una relación específica de eso, pero generalmente es el APRA el único partido que ha estado allí, aunque el anterior rector que estuvo antes de Cervantes Liñán puso a la universidad Garcilaso de la Vega en manos de Fujimori en 1999.
Luis Cervantes Liñán, su feudo es la Garcilaso.
—¿Y qué universidades están faltando acogerse a la nueva ley?
—Las universidades que están faltando acogerse a la nueva ley son la universidad Villareal, que tenía programada elecciones, pero mediante muchas argucias retrasa el proceso, lo que para mí una falta de energía de la Sunedu.
—¿Qué otro caso similar hay?
—La universidad San Luis Gonzaga, de Ica, aún no se adecua a la nueva ley. El exrector Alejandro Encinas Fernández, a pesar de que desde diciembre del año pasado ya no está más, sigue influyendo; sigue con una mafia que ha quedado allí entorpeciendo las labores y la universidad ni siquiera ha nombrado a sus nuevas autoridades.
—¿Hasta la fecha?
—Hasta ahora no han podido nombrar sus autoridades tanto la Villareal como la San Luis Gonzaga, de Ica, porque han sido antros del APRA. Por razones de todo tipo han hecho maniobras tramposas, y ha faltado un mayor control de la Sunedu, en este aspecto.
—Pero no son las únicas universidades en problemas ¿verdad?
—La Unamba (Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac), que también ha tenido varios rectores interinos, debería ya de estar en proceso de elecciones el próximo mes y aún no puede adecuarse. Aquí el problema es el canon de Las Bambas que va a tener la Unamba. Allí había una comisión nombrada por la exANR, a pesar que ya no existía la ANR, que seguía y no quería salir de la universidad para que entre la Sunedu.
—¿Por qué razón?
Por el canon que va a tener esa universidad con el proyecto minero de Las Bamba. Pero, bueno, esas son las tres universidades, de las más de 140 casas de estudios superiores que existen, que todavía no han elegido nuevas autoridades y, por lo tanto, sus estatutos no están cumpliendo con la ley universitaria.
—Pero hay otros casos, como el de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos que había pedido modificar algunos aspectos de la nueva ley como el referido a los profesores de más de 70 años de edad, pues si se les prohíbe enseñar la universidad se va a quedar sin docentes…
—Mire, cualquier norma que mejore la ley, no hay problema. El problema es que cuando se quiere dar una ley para favorecer a esa ANR con retrocesos. Acá el tema es que en todo el mundo, en Europa, por ejemplo, los profesores se jubilan a los 65 años o 68 años, en América latina es a los 70 años, en la ley de funcionarios en el Perú desde hace muchos años señala 70 años, el empleado público 65 años, y jueces 70 años…
—Algo así, por ejemplo, porque en San Marcos hay muchos docentes que tienen 70 años a más y entonces la universidad correría el riesgo de quedarse sin docentes de nivel…
—Sí, sí, pero hay docentes de esa edad que tampoco están en buenas condiciones.
PROPUESTA
Cómo adecuarse a la ley
—Perdóneme que insista en la transición para que la universidad pueda adecuarse a la nueva ley…
—Una transición de cinco años sí es posible. Yo propuse un proyecto de ley antes de salir del Congreso
—¿En qué sentido?
—¿En qué sentido? en el que en la determinación de qué profesores se quedan después de los 70 años quedaba en manos de los pares de los profesores que debían ser evaluados; es decir, que si se trata de un profesor principal, solo los profesores principales lo deberían evaluar, pero la determinación quedaba dentro de la universidad. Esa es la otra fórmula.
—Pero la universidad necesita tiempo para formar docentes e investigadores…
—Sí, hay otra propuesta que está planteando la universidad Nacional Mayor de San Marcos, una transición de cinco años para permitir que más jóvenes puedan llegar a las categorías de principal. Podría ser una formula también
—Así es, y no dista del espíritu de la ley ¿no es cierto?
—Claro, en la medida que no diste del espíritu de la ley, yo creo que no habría oposición a eso.
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