La superación en primera instancia de la solicitud de exclusión del proceso electoral interpuesta contra Keiko Fujimori puede convertirse en victoria pírrica que, finalmente, le cueste la elección presidencial a la candidata de Fuerza Popular.
Esta proyección obedecería a que, tanto por la forma como por el fondo, el fallo del JEE Lima C1 reforzará la desconfianza de un sector de la ciudadanía en la elección en marcha, así como en su administración por parte de la autoridad electoral.
Por la forma, porque un fallo que se divulga en la madrugada del inicio de un fin de semana largo, como un jueves de Semana Santa, a unas horas de un partido de la selección peruana de fútbol, constituye, literalmente, una sentencia entre gallos y medianoche.
Peor aún, por la forma, este fallo de la autoridad electoral va a traer a la memoria, por la vinculación familiar de Keiko Fujimori, las sentencias que, también entre gallos y medianoche, emitían el JNE y la ONPE controlados por su padre y Vladimiro Montesinos gracias a que habían comprado con billetes en la mano a sus principales directivos.
No se está diciendo que hoy las autoridades electorales decidan por los mismos motivos ligados a la corrupción. Pero el pésimo marco normativo electoral cocinado por un Congreso que sí está gravemente infectado por intereses subalternos, junto con una lamentable administración del mismo, dominada por el peso del criterio simplón de ‘la ley es la ley’, y sin mayor sentido común, le está produciendo un daño a la elección en marcha, así como al balance político que nazca del mismo.
Son fallos que son, sin duda, legales, pues, como se ha defendido desde el inicio en esta columna, las decisiones del jurado electoral deben ser aceptadas aun cuando –como en este caso– se pueda discrepar de ellas por estar equivocadas.
Y es aquí donde surge el problema de fondo de la sentencia de la madrugada de ayer del JEE, pues va a dejar la sensación en muchas personas de que la autoridad electoral no juzga a todos los candidatos con los mismos criterios, lo cual llevará a comparar la decisión drástica en el caso de César Acuña con la bastante contemplativa y bondadosa para Keiko Fujimori o su hermano Kenyi.
Más allá del desprestigio creciente de la autoridad electoral, lo que está ocurriendo producirá consecuencias negativas para el gobierno del siguiente período político, el del 2016 al 2021, pues va a dejar la sensación popular de que el resultado se decidió en la mesa y no en las urnas.
Y en el corto plazo, el fallo del JEE –que seguramente lo ratificará el JNE– va a perjudicar a la candidatura de Keiko Fujimori, pues reforzará el sentimiento antifujimorista que le hizo perder la elección en el 2016.
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