Narcopolítica, normal nomás
Viernes, 02 de agosto de 2013 | 4:30 am
Es el más importante caso de narcopolítica de los últimos años, pero
no el único. El especialista Jaime Antezana señaló en mayo del 2011 que
ese año fueron elegidos 10 congresistas relacionados con el
narcotráfico, detallando los distritos electorales de los que venían. El
mismo Antezana reveló en abril del año pasado que en Apurímac, Puno,
Junín y Lima se tenía a varios alcaldes vinculados al narcotráfico.
En la campaña electoral del 2011 La República reveló que dos
candidatos de Fuerza 2011 por Huánuco eran investigados por lavado de
activos procedentes del narcotráfico. Un año antes, el Apra retiró toda
su lista de candidatos al Gobierno Regional de Ucayali porque la
dirigencia de esa zona se negó a retirar la postulación de la esposa del
procesado ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez. Ese mismo año, el
propio Valdez, desde la prisión, logró inscribir su candidatura a la
alcaldía de esa provincia, luego tachada.
La historia es más vieja; el 2006, se detectó hasta seis candidatos
en las elecciones municipales y regionales de ese año que tenían
antecedentes por tráfico de drogas. Uno de ellos era Humberto Chávez
Peñaherrera, quien había cumplido una condena de 10 años por
narcotráfico y postulaba a la alcaldía de Campanilla (San Martín); el
otro, abogado de carteles de la droga, pretendía la alcaldía de un
distrito de Lima.
Toda historia tiene prehistoria; en los años ochenta varios
políticos de alto nivel, entre ellos congresistas, se relacionaron con
firmas del narcotráfico en tanto que la caída de Reynaldo Rodríguez
López “El Padrino” reveló los contactos de este con altos mandos
policiales. Ni qué decir de la sociedad ilimitada de Vladimiro
Montesinos con los capos de las drogas a la que arrastró a algunos
uniformados de alto rango.
En un país que ocupa el primer lugar en la producción de cocaína,
con valles cocaleros en expansión y con una fuerte asociación entre el
narcotráfico y la banda armada del VRAEM, es inexplicable, por lo
extraño y sospechoso, que la política no se haya preocupado por atajar
sus contactos con ese tipo de delito.
El rechazo a la narcopolítica es episódico y despreocupado. El más
serio esfuerzo lo impulsó en abril del 2010 el entonces jefe de DEVIDA,
Rómulo Pizarro, a cuyo llamado 19 partidos y movimientos políticos
suscribieron el Compromiso Ético Contra la Infiltración del
Narcotráfico. Este compromiso incluía cláusulas novedosas, entre ellas
no considerar como candidatos a quienes hayan sido sentenciados por
delitos de tráfico ilícito de drogas y/o en tanto se encuentren
investigados; y no considerar como candidato a quien no pueda justificar
razonablemente sus bienes e ingresos y los orígenes de los mismos.
Los firmantes también acordaron no aceptar donaciones o alguna otra
forma de financiamiento de personas naturales o jurídicas que, al
momento de realizar la donación, no declaren expresamente no haber sido
notificadas de encontrarse comprendidas en un proceso de investigación
policial, del Ministerio Público o de la Unidad de Inteligencia
Financiera. El final de este pacto es poco conocido; solo dos partidos
firmantes aplicaron sus cláusulas a la elección de sus candidatos y el
pacto desfalleció porque de los seis convenios necesarios para que se
facilite la información sobre antecedentes de los candidatos, se
concretaron solo dos.
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