Colombia Resiste: Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares
Viernes, 16 de Agosto de 2013 22:59 Mesa Nacional
Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, Marcha Patriótica/La Pluma
Las organizaciones agrarias y
populares en la búsqueda de la Reforma Agraria Estructural con perspectiva
territorial e intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco
de una Paz con Justicia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la
reivindicación y la búsqueda de una solución política al Conflicto social y
armado que por décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la
tierra.
La Constitución
Política de Colombia alega como derecho fundamental que, ante la ley, todos
somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos
derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, a pesar de estar en la
Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas,
Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la
desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos
criminaliza y persigue.
Somos colombianos que
hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que
favorezcan nuestra situación social, para saldar la deuda histórica que el
Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo
pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y
organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que
a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del
déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de
abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el
mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo
un paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria,
minera, energética, vivienda y de servicios públicos que va en contra de los
intereses del pueblo y favorecen los intereses del capital nacional e
internacional.
El índice de
Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) según DANE (2005), indicador que refleja
el nivel de pobreza y miseria en las poblaciones urbanas y rurales, evidencia
que en los municipios de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las
condiciones de las viviendas, en el acceso y disponibilidad de servicios
públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de
ingresos y empleo dignos y permanentes, pese a ello no ha existido una política
por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono
estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores,
como lo señala el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) la tercera parte
de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe
plantea, según el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios
colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje
mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural
representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del
ejercicio del poder y de la toma decisiones.
No existe un estudio
que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto asciende la deuda social
que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social
se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el
desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la
producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en
contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal
en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda,
infraestructura vial y servicios públicos se refiere.
Ante el tamaño de la
crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto para
enfrentar estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una
paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua
tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la
Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos
gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria
no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de
los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se
encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, el 20% de los niños
menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en
situación de desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en
acceso, consumo y disponibilidad de alimentos que se ha prolongado por décadas
en las poblaciones rurales y urbanas.
Ante las injusticias
vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso
del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos
municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar
solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan
al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos ha sido
incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes
instituciones.
Frente a este
panorama, se requiere una política pública agraria coherente con las necesidades
del pueblo colombiano, la cual debe ser construida, con la participación directa
y decisiva del movimiento agrario y popular; una política pública que dignifique
la calidad de vida de la población campesina, urbana, afrocolombiana e indígena,
que reconozca la significativa participación que hoy día tiene la economía
campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional y la
fortalezca.
La inversión social
en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para
garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser
capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del
Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial
de las carteras de Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, Minas y
Energía; y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de
vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción
coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan los
pobladores rurales y urbanos.
Amparados en la
legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al gobierno el
cumplimiento de 6 obligaciones políticas y legales básicas:
1. Exigimos la
implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción
agropecuaria.
2. Exigimos acceso a
la propiedad de la tierra.
3. Exigimos
reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la
participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales
en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se
adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los
derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos
inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda,
servicios públicos y vías.
Las organizaciones y
comunidades agrarias y populares presentamos ante el Presidente Juan Manuel
Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas,
buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el
conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están
los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de
Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la
instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a
acuerdos.
Anunciamos al país
que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto,
teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del
Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y
populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente
le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.
1. EXIGIMOS
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
Exigimos que el
Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera
independiente al comportamiento de los precios en el mercado nacional e
internacional, con los cuales garantizar una remuneración efectiva a los
productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se
deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias
existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos,
acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para
pequeños y medianos productores agropecuarios, asegurando el acceso a los
mercados en las ciudades.
1.2. Reducción de los
precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con
transportadores y productores agropecuarios.
1.3. Control de los
precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios. De
igual forma, promoción efectiva de la producción limpia y
agroecológica.
1.4. Exigimos la
derogatoria de la política antidroga y solicitamos acordar una política de
sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así
como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
1.5. Derogatoria de
la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización
agropecuaria de pequeños y medianos campesinos, incluyendo lo relativo a la
despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos
productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la
producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, creando un fondo nacional
para su financiación y garantías efectivas para el acceso a los
mercados.
1.6. Frenar las
importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café,
cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspender y revisar, en conjunto
con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los Tratados de Libre
Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás
países.
1.7. Condonación
total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios
con el sistema financiero. Definición de una política de subsidios para pequeños
y medianos productores a través de la banca pública.
1.8. Adopción de
seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o
fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean
otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del
sistema financiero.
1.9. Diseño
concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina
basada en el reconocimiento de las ventajas sociales, económicas, y
ambientales que ésta provee para seguridad alimentaria del país, la protección
de los medios de vida campesinos y la sostenibilidad
ambiental.
2. EXIGIMOS ACCESO A
LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
Exigimos la
adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y
afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están
en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse
al INCODER celeridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a compra
directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la adjudicación
y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías que ocupan los
campesinos, soportada en programas de asistencia técnica y social, inversión,
tecnología, y mercadeo que garanticen el despliegue de la economía campesina,
así como el de la pequeña y mediana producción.
La inmediata
aplicación del decreto 1277/2013 de dotación de tierras por el INCODER, y la
ampliación de su capacidad financiera para garantizar mayor cobertura y la
adjudicación colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas. De igual
manera, el reconocimiento de la autonomía de las comunidades sobre los
territorios ya adjudicados.
Detener la política
de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que
han permitido el acaparamiento por capital extranjero; revertir estas
operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la
adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
Iniciar, adelantar y
culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción
administrativa de dominio de las tierras concentradas y ociosas, de las que
campesinos vienen siendo poseedores, para luego adjudicarlas a
éstos.
Garantizar el
estricto cumplimiento de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en todos los procesos
de adjudicación de tierras, la reversión de las adjudicaciones practicadas con
exceso o defecto de la misma, así como la generación de las condiciones que
garanticen el nivel de ingresos y de sostenibilidad de la economía campesina que
esta figura promueve.
3. EXIGIMOS
RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E
INDÍGENAS
La delimitación y
constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los
territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución,
dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias públicas de las
ZRC.
Iniciar y culminar
los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en
los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1)
año a partir de la solicitud.
La financiación y
ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva
Campesina constituidas y las que se constituyan.
Conformación tanto
del Sistema Nacional como el Programa Nacional de Zonas de Reserva
Campesina.
Respeto y prevalencia
de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las
comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de
consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo
agroempresarial.
Celeridad en el
trámite de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas
y territorios colectivos afrodescendientes, reconociendo sus derechos
ancestrales, y en concertación con las comunidades campesinas en los casos de
coexistencia intercultural en los territorios. Para ello, se deberá promover la
constitución de territorios interétnicos que garanticen la sostenibilidad y
convivencia pacífica de las diversas identidades culturales y
territorialidades.
4. EXIGIMOS LA
PARTICIPACION EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS
EN LA FORMULACION DE LA POLITICA DE EXPLOTACIÓN MINERA Y
ENERGÉTICA.
Detener la concesión
de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina
concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la
que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser
beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería
artesanal.
Respeto irrestricto a
las consultas populares sobre explotación minera ya
realizadas.
Reconocimiento y
formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.
Definición concertada
con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo
Código de Minas y Recursos Naturales. Redefinir los tiempos máximos para la
explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta
actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local
de los réditos económicos.
Construcción de una
nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los
beneficios económicos de la actividad minera.
Realización de
estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos de megaminería en
ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la
realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por
base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto
acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las
comunidades.
Sujeción del
desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo
Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial
construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del
suelo.
Suspender la
construcción de hidroeléctricas que afecten los territorios y comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Apertura de una
discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
5. EXIGIMOS SE
ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTIAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.
Reconocimiento por
parte del Estado colombiano de los derechos, plasmados en la Declaración sobre
los derechos de las campesinas y los campesinos aprobada por la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU, mediante la
incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación interna y en las
políticas públicas.
Participación
efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las
entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población
rural.
Otorgar el derecho al
Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre
proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo
ambiental, lo económico y lo cultural.
Participación amplia,
efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición
de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las
organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de
manera autónoma. Democratización real de la Federación Nacional de
Cafeteros.
6. EXIGIMOS INVERSIÓN
SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICION
PÚBLICOS Y VÍAS.
Exigimos un plan
progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de
educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad
de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de
vida.
Exigimos la
derogatoria de la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con
la sociedad de una nueva ley que reconozca la educación como derecho fundamental
y bien común, y con enfoque diferencial.
Exigimos el
nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que
requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones
laborales.
Exigimos la
derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la
concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el
derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales
para el campo.
Exigimos la
definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y
afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos
profesionales.
Exigimos partidas
presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para
educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y
alcantarillado.
Exigimos se detenga
la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de
saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio
social.
Exigimos la
condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten
los embargos que se han efectuado por este motivo.
Devolución de las
micro-centrales hidroeléctricas a las comunidades.
Exigimos una nueva
tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y
no a la especulación.
Exigimos que los
acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y
no empresarial.
Exigimos la
destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana
y rural. Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento
mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en
arrendamiento.
MESA NACIONAL
AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-MIA
NACIONAL-
¡Por la vida y contra
el desarraigo!
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