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La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción
Para: Manuel Alberto Salazar Trelles
Mientras los congresistas se dedican a
pelearse entre bancadas, a los chismes del te digo lo que me dijeron y una serie
de tonterías y especulaciones sin fundamento o intranscendentes, promovidas
principalmente por el fujimorismo y el aprismo con el único fin de trabar la
acción del gobierno contra la corrupción, está sucediendo lo
siguiente:
Diario La República
Diario La República
150 casos de corrupción del fujimorismo han prescrito o están por
prescribir
Martes, 06 de agosto de 2013 |
4:30 am
Desinterés.
Desde 2001, el
Congreso de la República ha tenido en sus manos por lo menos 43 proyectos de ley
para consagrar la imprescriptibilidad de delitos anticorrupción o la dúplica de
plazos de investigación. Ninguno ha sido aprobado.
Beatriz
Jiménez.
En su mensaje al
país el mandatario Ollanta Humala pidió al Congreso la aprobación de la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la "muerte civil" de los que
cometan estos ilícitos.
Para la
Procuraduría Anticorrupción, aumentar los plazos de prescripción de este tipo
de delitos es imperativo. De los 20 mil casos que acumulan en sus estanterías,
muchos están a punto de prescribir.
En la actualidad, el plazo de
prescripción es igual al máximo de la pena. Es decir, si un delito de peculado
tiene una condena de ocho años, la prescripción es ocho años. Este plazo es, a
la luz de las escasas sentencias, insuficiente. Con solo 30 fiscales en Lima, la
Procuraduría no ha terminado de contabilizar cuántos casos de corrupción ya se
extinguieron y cuántos están a punto de seguir el mismo
destino.
El procurador
anticorrupción, Julio Arbizu, detalla que al menos 150 casos de corrupción de la
época del fujimontesinismo se encuentran en este saco. "El único candado que
existe ahora es la Ley de Contumacia, ya que la declaratoria de reo contumaz
suspende el plazo de prescripción", dijo Arbizu, quien destaca que este
"candado" ha sido aplicado por primera vez en su
gestión.
Mientras la Procuraduría
recuenta los procesos que están a punto de quedar impunes, recopila también los
ya prescritos. Entre ellos se encuentra el caso por tráfico de influencias que
se siguió en contra del magnate mediático Genaro Delgado Parker, acusado de
reunirse con Vladimiro Montesinos para solicitarle hacer uso de sus influencias
en el Poder Judicial. Al contar en el momento de los hechos con más de 65 años,
el plazo de prescripción de este delito se redujo a la mitad y en el 2003
Delgado fue excluido del juicio.
Un destino
parecido tuvieron los ejecutivos de Lucchetti, Andrónico Luksic, Fernando
Pacheco y Gonzalo Menéndez, acusados de asociación ilícita para delinquir y
tráfico de influencias.
Después de
intentar todo tipo de recursos en tribunales anticorrupción y convertirse en
prófugos de la justicia peruana, lograron en 2006 que los delitos fueran
declarados prescritos. Otros emblemáticos casos también prescritos son el del
manejo irregular de donaciones por parte de la ONG Apenkai o el seguido por
asociación ilícita para delinquir contra los presuntos testaferros de Montesinos
en la transferencia al extranjero de 30 millones de dólares a través de cuentas
del Banco de Comercio.
Olvido
interesado
Países como Ecuador, Colombia y
Bolivia incorporan la imprescriptibilidad en sus respectivas Constituciones. En
el caso de Perú, para hacerlo sería necesario modificar el artículo 41 de la
Constitución.
Desde el año 2001, el Congreso
tiene en sus manos al menos 43 proyectos de ley que contemplan la modificación
del mencionado artículo y declarar imprescriptibles los delitos de corrupción.
También plantean modificar el Código Penal y duplicar, e incluso triplicar, los
plazos de prescripción para evitar la impunidad. Ninguno de los proyectos ha
sido aprobado.
El último de los
rechazados fue un dictamen de la Comisión de Constitución que abogaba por la
imprescriptibilidad, aprobado el 20 de septiembre de 2011 con la abstención del fujimorismo y de Alianza
por el Gran Cambio. Sin embargo, el dictamen fue tumbado en el Pleno
porque no alcanzó los necesarios 87 votos a favor.
El Congresista Fredy Otárola,
entonces presidente de la Comisión de Constitución, planteó una cuestión de
reconsideración que hasta hoy sigue en el olvido. "La reconsideración sigue
pendiente porque sigue sin tener mayoría", explica Otárola, que acusa a los
partidos que han sido gobierno de querer blindar a sus líderes de cara a futuras
investigaciones.
Pero ¿sería efectiva la
declaratoria de imprescriptibilidad para evitar la impunidad en casos de
corrupción a punto de prescribir? Los juristas difieren en torno a su carácter
retroactivo.
Para el ex procurador Ronald
Gamarra, sí sería aplicable a procesos en curso al considerarse una norma
procesal penal. Sin embargo, para el también ex procurador José Ugaz, la
imprescriptibilidad no sería retroactiva al ser una institución del derecho
penal.
Muerte
civil
Ante la
demostrada falta de voluntad política del Congreso para aprobar la
imprescriptibilidad, desde el año 2007 varios proyectos optan por la "muerte
civil" (inhabilitación) de los condenados por delitos graves de corrupción,
siguiendo el modelo de Colombia. Sin embargo, tampoco han sido aprobadas estas
iniciativas.
El último
de los proyectos fue presentado el pasado 30 de mayo por el congresista
nacionalista Juan Pari. Propone la inhabilitación definitiva de corruptos y
también la creación de dos registros públicos: uno de inhabilitados y otro de
deudores de reparaciones civiles.
Clave
Fuero externo. La Convención de
la ONU contra la Corrupción, tratado del que Perú es firmante, señala que "cada
Estado establecerá cuando proceda y de acuerdo a su derecho interno un plazo de
prescripción amplio para iniciar procesos [...] y establecerá un plazo mayor o
interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la
administración de justicia".
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