Por: Julio Arbizu
Han pasado otros cinco años de un gobierno y el balance de la lucha contra la corrupción es, una vez más, negativo. Esta vez, sin embargo, el análisis del panorama es aún más desolador que el del lustro anterior: el gobierno del APRA nunca tuvo entre sus prioridades un combate serio contra la corrupción y, como producto de su alianza con el fujimorismo, descuidó los procesos -en giro y en etapa de ejecución- contra la organización criminal de Fujimori y Montesinos. No había nada que esperar allí.
La primera etapa del gobierno de Ollanta Humala estuvo marcada por el mensaje del fin de la tolerancia a los corruptos, que se tradujo en algunas acciones concretas que, sin embargo, a medida que avanzaba el gobierno y se descubrían posibles actos de corrupción de sus propios representantes, fueron dejando languidecer. De esa etapa, por ejemplo, sería oportuno destacar dos medidas que hoy cobran especial relevancia por las circunstancias que rodean dos procesos que tienen toda la atención pública (El caso agendas y la reciente condena a Álex Kouri por el caso Convial): 1) La modificación de la ley de lavado de activos (que ha permitido que se puedan iniciar investigaciones por este delito sin identificar el delito precedente) y, 2) la sujeción de la solicitud de beneficios penitenciarios de un reo, al previo pago del íntegro de la reparación civil.
A pesar de ello, el gobierno no ha sostenido una voluntad importante en la lucha contra la corrupción y ha dejado que una ventana de oportunidades se convierta en un escenario sombrío y mediocre. Algunas de las medidas que han quedado inconclusas son:
a) La muerte civil: aprobada en primera votación en el Congreso y nunca más discutida.
b) La creación de la Unidad Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
c) La concesión de facultades a la UIF para su labor de investigación
d) La imprescriptibilidad o duplicación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción.
Hay muchas otras medidas, además de la conformación de un verdadero sistema integral de lucha contra la corrupción, pero creemos que estas son urgentes y esperan que el nuevo gobierno las tome en cuenta para que no sea, una vez más, un periodo perdido.
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