Auditoría urgente en el Congreso

Las pruebas mostradas en las últimas semanas que han puesto en una situación muy delicada al representante de Solidaridad Nacional Michael Urtecho, deben llevar a que en el acto se haga una auditoría muy detallada en el Congreso, que permita determinar qué otros legisladores han incurrido en la presentación de facturas irregulares y en abusos contra sus trabajadores, pues existen muchos indicios que llevan a pensar que estos presuntos delitos y sinvergüencerías eran moneda corriente en el Poder Legislativo desde hace varios años.

El caso de Urtecho ha salido a la luz por una documentada denuncia hecha por la prensa, pero habría que ver qué otros casos similares permanecen ocultos en los archivos de una entidad pública donde, como vemos, los sistemas de control y fiscalización han sido una verdadera coladera, pues no se entiende que hayan pasado y visado facturas hasta de pollos a la brasa en días no laborables y de cebiches por varios cientos de soles en lugares donde dicen no conocer al legislador trujillano envuelto en problemas.

Un tema aparte es la existencia de empleados fantasmas a los que se les pone en la planilla del Congreso y luego se les decomisa la tarjeta de débito para recortarles el sueldo. ¿Es posible que situaciones como estas hayan ocurrido una y otra vez y nadie las detectase, salvo la prensa en algunas oportunidades muy contadas con los dedos de una mano? Además, no es posible que el Legislativo permita que ingresen a "trabajar" personas sin calificaciones y que además son incapaces de denunciar que un congresista los está explotando. ¿Qué "profesionales" son estos?

Al inicio de su gestión, el presidente del Congreso, Fredy Otárola, visitó las oficinas de este diario para mostrar su plan de trabajo, y ofreció adoptar medidas muy concretas para lavarle la cara al Poder Legislativo tan venido a menos. Una buena medida sería, por ejemplo, abrir esa caja de Pandora que debe de ser el archivo de rendiciones de cuentas de viajes y gastos, para ver qué se encuentra y saber qué otros "padres de la patria", antes o ahora, ha incurrido en situaciones que ameritarían el desafuero y eventualmente pasar una temporada en un penal.

Otra medida acertada sería revisar la planilla y demás registros para ver quién realmente ha prestado servicios al Estado o, en su defecto, realizado labores de planchado de camisas, cuidado de niños, lavado de pies o de pasear perros de los legisladores. Si ha ocurrido al menos con una decena de legisladores, por qué no pensar que se han dado o se dan hoy más situaciones irregulares de las que no se sabe nada. El país tiene derecho a saber quiénes son los sinvergüenzas que han defraudado la confianza de quienes los convirtieron en sus representantes.

Si el presidente Otárola y su Mesa Directiva no tienen "rabo de paja" y no buscan proteger a nadie, deberían ser los primeros en disponer investigaciones de este tipo como una muestra de transparencia y de que realmente se quiere destapar cualquier delito y sinvergüencería que haya estado sucediendo. El caso Urtecho ha incrementado las dudas sobre el Congreso en general, por lo que mal haría una gestión que ha ofrecido un trabajo con manos limpias, no adoptar medidas que ayuden en algo a pensar que todavía se puede creer en los congresistas.