El Congreso tiene hoy una abrumadora presencia fujimorista. No solo por los 73 miembros de sus bancadas, sino también por el acaparamiento en la dirección de las comisiones parlamentarias. La congresista Marisa Glave acaba de señalar un ingrediente más de ese abuso: la mayoría ha introducido cambios en los artículos 15 y 17 de los estatutos del Servicio Parlamentario.
Conforme a la tradición del Apra y el fujimorato, esa modificación busca facilitar el ingreso de funcionarios carentes de ética y de preparación. Poblar planillas sin escrúpulos. Marisa Glave denuncia el hecho de que se haya designado a José Cevasco como Oficial Mayor del Congreso. Cevasco desempeñaba ese mismo cargo en el momento en que Alberto Fujimori dio su golpe de estado y disolvió el Congreso. Cevasco permanecerá en el cargo, en evidente complacencia con el atentado contra el orden constitucional.
Glave considera, con razón, que ese nombramiento es una mala señal. La de iniciar el reingreso de empleados bien pagados pero mal formados. En países mejor administrados, los asesores y funcionarios del Parlamento suelen ser auténticos especialistas en derecho, economía, historia, literatura. Con ese bagaje ayudan a los legisladores y al país.
Otro aspecto del problema congresal es el voto homogéneo de todos los miembros de una bancada. Esa dictadura del partido tiene una triste historia en el Perú. Reciente es el caso de la señora Nadine Heredia que imponía por teléfono el voto de los congresistas en uno u otro sentido. Se olvida en el fondo el artículo 93 de la Constitución, que señala:
“Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.”
Se ignora la fuente de ese principio. Es el discurso que el 3 de noviembre de 1774 el gran diputado inglés Edmund Burke (fue partidario de la independencia estadounidense) dirigió a sus electores:
“Mi digno colega dice que su voluntad debe ser servidora de la vuestra. Si eso fuera todo, la cosa es inocente. Si el gobierno fuese, en cualquier parte, cuestión de voluntad, la vuestra debería, sin ningún género de dudas, ser superior. Pero el gobierno y la legislación son problemas de razón y juicio y no de inclinación y ¿qué clase de razón es esa en la cual la determinación procede a la discusión, en la que un grupo de hombres delibera y otro decide”.
“Dar una opinión es derecho de todos los hombres; la de los electores es una opinión de peso y respetable, que un representante debe siempre alegrarse de escuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención. Pero instrucciones imperativas, mandatos que el diputado está obligado ciega e implícitamente, a obedecer, votar y defender, son cosas totalmente desconocidas en las leyes del país.”
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