Actualmente
el servicio educativo a pesar de ser un derecho constitucional de los
niños y jóvenes de 3 a 17 años en los hechos es tratado como un derecho
de los funcionarios y los profesores. Los funcionarios desde el Minedu
hasta las Ugeles tienen el derecho de decidir no solo el currículo,
reglamento, calendario, libros, etc., sino también cuánto del
presupuesto se destinará a los diversos ítems de la agenda ministerial y
regional. Los maestros tienen derecho a remuneraciones, licencias,
evaluaciones de ascenso, estabilidad laboral, indemnizaciones, etc. Los
padres y los alumnos no tienen derecho alguno de participar en ninguna
de esas decisiones cruciales. Son los rehenes del sistema que se creó
para atender a sus hijos, pero en el que no tienen voz ni voto. Por ello
es que por ejemplo hay colegios que requieren infraestructura y
mantenimiento y no son atendidos; grupos de alumnos que no tienen
profesor porque no se asignaron plazas; libros y materiales para
profesores escogidos por el ministerio que los profesores no usan;
colegios que reciben profesores que no son los adecuados para sus
necesidades, etc. El resultado es un sistema educativo que no funciona
ni responde a los objetivos para los cuales fue creado.
¿Qué
pasaría si convirtiéramos la asignación de profesores y presupuestos de
educación en un derecho de los alumnos/padres? Supongamos que el actual
presupuesto por alumno es de 800 dólares anuales y se define que cada
alumno tiene derecho a ese monto anual y que con 10 niños se arma un
aula donde quiera que estén, y que cada aula de 10 o más alumnos tiene
derecho a otros 50 dólares para mantenimiento, 100 dólares para
materiales y equipamiento y otros 50 dólares para acompañamiento docente
(administrados como fondo conjunto por el colegio).
Los
directores de los colegios se limitarían a mandar la relación de niños
matriculados para que automáticamente se les asigne las plazas docentes y
los recursos para gastar en mantenimiento, equipamiento, materiales y
acompañamiento docente. Se acabarían los problemas de falta de
profesores y recursos y las inequidades en las asignaciones definidas
por prioridades políticas o amicales.
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